Los camiones agonizan por la gasolina: "Cada vehículo paga 1.700 euros más"

"En junio cada camión gastaba en combustible 3.500 euros por 12.000 kilómetros. Ahora paga 5.200 euros". Con estas palabras explica la situación de alerta roja del sector el presidente de la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández. En ocho meses, el alza de los carburantes ha acabado por asfixiar a los profesionales del transporte de mercancías por carretera, que han dado un ultimátum a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que ponga remedio a este "atraco". Sin embargo, Hernández no la ve "por la labor" de tomar medidas inmediatas.  La organización que dirige, compuesta por pequeños y medianos transportistas, denuncia la situación de quiebra de los conductores contratados y ha especificado que suponen el 90% de las empresas de transportes. Algunos camioneros, sobre todo en Andalucía, ya han apagado motores por las pérdidas que suponía llevar a cabo su actividad. Así, el encarecimiento en 1.700 euros más de media ha acabado por dejar rotos los bolsillos de estos profesionales.

El contexto que lleva a esta situación es desolador. Los carburantes, junto con la electricidad, han roto récord tras récord a medida que han pasado las semanas. El litro de gasolina se ha acercado de una forma peligrosa a los dos euros en España a medida que la tendencia alcista se ha enconado como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado un auténtico pánico en los mercados. Por eso, ante la agresividad de los costes, la plataforma ha convocado un paro nacional indefinido el próximo 14 de marzo. Pero no son los únicos. Los trenes, los aviones, y otros servicios como el taxi o VTC también observan con gran preocupación el incremento de los precios, que ha amenazado con eclipsar la recuperación que se avecinaba tras la sexta ola. 

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Aún así, de momento, otras organizaciones del sector con mucho peso como el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) aún no han apoyado la convocatoria. Ésta última tan solo ha solicitado al Gobierno que intervenga los carburantes y ha apoyado el paro de los transportistas portavehiculos. Estas agrupaciones fueron las que dialogaron en diciembre con Transportes y alcanzaron acuerdos "históricos" ante la amenaza de una huelga a las puertas de Navidad. La plataforma ha denunciado ahora que dicho pacto fue un "montaje" y que aquellas soluciones de entonces no beneficiaban a todos sino que se basan en un solo tipo de contratación. 

La plataforma ha achacado al sistema de retribución para los intermediarios gran parte de la culpa ante la 'sangría' de los precios de los carburantes de fondo. Y es que, las operadoras de transporte son las encargadas de subcontratar a los camioneros, y éstos no tienen acceso directo a los productos de fábrica a excepción de las grandes empresas. El porcentaje de ganancia para los intermediaros sigue siendo el mismo mientras que el margen de beneficio en el 'último eslabón', el conductor, se reduce. Este problema que no es actual. Los transportistas han pasado meses denunciando las faltas de condiciones dignas,  sin dietas y cobrando por kilómetros. Pero ahora, directamente gastan más de lo que ganan. 

Los autobuses piden ayudas públicas

Otros transportes terrestres de gran carga, como los autobuses, miran a Portugal y suspiran. En el país vecino el Gobierno desembolsó en noviembre una asignación mensual de 1.050 euros de ayuda por vehículo ante el incremento de los precios de la gasolina. Ahora amplían el periodo de esa medida por el conflicto en Ucrania. Desde la Confederación de Transporte en Autobús (CONFEBUS), su presidente, Rafael Barbadillo, ve con buenos ojos aplicar aquí algo parecido y explica a La Información que la media del coste del combustible solía rondar el 20% y ahora ya alcanza el 35%. Y la previsión es que siga escalando. Para hacer frente a un repunte así, explica, habría que subir el coste de las tarifas a los clientes un 7,5%. Una medida que, augura, seria la más fácil pero la menos adecuada por la carga que comporta a los usuarios. 

La solución pasaría por reequilibrar el precio en el contrato de los servicios públicos y, en aquellos que ya tienen subvención, aumentarla. Apunta que existe gran parte de la flota, sobre todo en Madrid, que funciona con gas ya que la Administración lo impulsó como energía alternativa y que ante los escandalosos precios hay que hacer un replanteamiento en el apoyo gubernamental. Igual pasaría con la electrificación de los vehículos, que se están promocionando en sintonía con las políticas de Bruselas pero que, ahora, tienen retos aún mayores por delante. "O nos acompañan en esto, o será difícil dar continuidad a los servicios", concluye.