Cataluña defiende la adjudicación de ATLL y espera resoluciones judiciales

Barcelona, 13 nov.- El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, han defendido la adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona y han reiterado que están "a la espera de las resoluciones judiciales firmes".

El gobierno catalán presentó un recurso al Tribunal Supremo para evitar que se anule la adjudicación del servicio a Acciona.

Santi Vila ha asegurado en sede parlamentaria que el ejecutivo catalán está expectante por que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entre en el "fondo de la cuestión".

En esos términos también se ha expresado Andreu Mas-Colell, que ha recordado que el recurso de casación que interpuso la Generalitat "no ha sido contestado", a lo que ha añadido que los litigios en las concesiones son "inevitables".

Además, Mas-Colell ha destacado que se produjo una proceso de concesión "tradicional" en el que, tal y como ha dicho, "la mesa de contratación actuó con gran competencia e hizo las cosas bien", y ha recordado que se acordó mantener la plantilla de ATLL.

El consejero ha justificado la concesión dada la situación financiera de la Generalitat en 2012, cuando "hacía falta generar ingresos con la finalidad de no reducir gastos".

Por otro lado, el consejero ha afirmado que ATLL "necesitaba inversiones para mantener la calidad del servicio", que el gobierno catalán no podía llevar a cabo.

En torno a este asunto, el diputado de Ciutadans (C's) José Manuel Villegas ha recriminado al gobierno catalán que "haya tenido prisas" en una adjudicación "que se le ha dicho que está mal hecha", y ha asegurado que el ejecutivo catalán "tiene sombras sobre la política de adjudicaciones".

El diputado del PPC Santi Rodríguez ha criticado al gobierno catalán por "no hacer caso de la resolución del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales que decía que la adjudicación no se había hecho bien".

Además, Santi Rodríguez ha asegurado que les preocupa la garantía del servicio, la seguridad de los puestos de trabajo y la repercusión en las finanzas públicas.