Consumidores y abogados aseguran que las reclamaciones extrajudiciales de los afectados por hipotecas con cláusulas suelo abusivas terminarán decidiéndose en los juzgados ante la "falta de respuesta" de las entidades financieras.
A la espera de cifras oficiales, expertos y plataformas de perjudicados muestran sus discrepancias con el sistema, recogido en el Real Decreto 1/2017 y aprobado por el Congreso apenas un mes después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concediera el pasado diciembre la plena retroactividad.
Con ello se pretendía facilitar que las cerca de 1,5 millones de hipotecados en esta situación recuperasen su dinero sin necesidad de acudir a los tribunales, sin coste alguno y en un tiempo de respuesta fijado en tres meses, que en el caso de las primeras reclamaciones expira hoy.
Un límite que, aclaran los expertos, no afecta a las solicitudes de los afectados, que podrán seguir luchando por sus ahorros como hasta la fecha. Para la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, el decreto no ha conseguido sus objetivos pues "no solamente ha dado respiro a las entidades, sino que muchos afectados se van quedando en el camino ante la multitud de trabas".
Al respecto, lamenta que los bancos se consideren "víctimas de un populismo judicial" por tener que reintegrar el dinero de todas las cláusulas suelo comercializadas de forma opaca desde su contratación, como dictó el TJUE, lo que llevó al Tribunal Supremo a modificar su anterior doctrina.
La abogada y socia fundadora de "Voy a defenderte", Rosa Delgado, cuestiona la falta de uniformidad en la aplicación del decreto, lo que convierte a esta alternativa "en un proceso lentísimo y sin un denominador común claro".
Delgado identifica diferentes obstáculos según la fase de reclamación, y advierte de casos en los que, aún habiéndose registrado el trámite, el banco o bien no responde o rechaza las peticiones del cliente.
Desde la plataforma apuntan que muchos de los procedimientos extrajudiciales están terminando sin acuerdo de pago, por lo que prevén "un aluvión de demandas judiciales" a partir del próximo junio.
En opinión del responsable de la campaña sobre cláusulas suelo de Adicae, Javier Contreras, la banca "se está pasando por el forro" el decreto con el fin de "ganar tiempo, evitar el pago de costas y alegar que ha negociado cuando es irreal".
La agrupación denuncia los ingresos de cantidades al arbitrio de las entidades, sin que éstas hayan realizado antes "ninguna oferta y sin desglosar cantidades ni intereses". Pero también las propuestas "off the record" en las que, a través de contacto telefónico, se insta al cliente a aceptarlas con la máxima rapidez ante la posibilidad de que caduquen, o las respuestas tipo dirigidas a los perjudicados con independencia del perfil de cada uno de ellos.
Por ello, Contreras avanza que la asociación seguirá trabajando en ambas vías, e insta al Gobierno a que cumpla con la creación de una comisión de seguimiento, contemplada por el propio decreto, que integre además al Banco de España y al Ministerio de Economía. De momento, una decena de entidades ya han sido denunciadas ante estas instituciones por "trabas" en el proceso extrajudicial, entre ellas CaixaBank, Banco Sabadell, Popular, Bankia, Laboral Kutxa, Credifimo y Banca Pueyo.No habrá un juzgado solo para cláusulas suelo
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha acordado por unanimidad mostrar su expreso rechazo al plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia que, de manera exclusiva y no excluyente, conozca sobre los litigios sobre cláusulas suelo en escrituras hipotecarias.
En un comunicado, la Abogacía sostiene que este plan, previsto para comenzar el próximo 1 de junio, produce un "sobrecoste añadido" sobre los ciudadanos debido a "los necesarios y, en ocasiones, dificultosos" desplazamientos motivados por el procedimiento judicial.
Además, el organismo estima que el plan propuesto por el CGPJ generaría una "clara desigualdad" entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, puesto que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos --añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos-- para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas.
El pasado mes de febrero, la Comisión Permanente del organismo judicial aprobó este plan de urgencia con el objetivo de hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.
El órgano de gobierno del CGPJ entendió entonces que un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza, a pesar de que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo solucionará por vía extrajudicial parte de estos conflictos.
Se prevé que la puesta en marcha del plan de urgencia, aún en tramitación a la espera de recibir los informes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, se produzca en torno al próximo 1 de junio, según confirmaron fuentes del CGPJ.
Asimismo, el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el CGPJ podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que determine que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos; siempre con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia.
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