El número de funcionarios no paró de crecer -aunque de forma moderada- durante la crisis económica, que se cebó con el empleo, destruyendo 2,3 millones de puestos en el sector privado en apenas una década. Es el primer titular, el más llamativo, del informe 'Government at a Glance' hecho público hace apenas una semana por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un estudio en el que también se constata que el peso del empleo en el sector público con respecto al total aumentó casi dos puntos y que España sigue en la parte baja de la tabla en cuanto al número de funcionarios en los países desarrollados.
Son matices en un contexto en el que, mientras una parte de la ciudadanos hay demasiados empleados públicos y 'viven mejor' que el resto de los trabajadores y tienen mejores sueldos, otra destaca la elevada precariedad en el sector, su escaso peso a pesar del más que notable nivel de servicios y el techo salarial al que están sometidos. Así, menos cinco datos muestran los claroscuros del sector público, que queda fotografiado en la Encuesta de Población Activa (EPA) y en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
¿Pero qué pasó durante la crisis?
Los datos que aporta el Ministerio de Hacienda, que dirige en funciones María Jesús Montero, a partir del Registro Central de Personal, deja patente que entre enero de 2007 y el mismo mes de 2017, el número de empleados públicos apenas aumentó en 11.000 efectivos, gracias fundamentalmente al empleo creado en las comunidades autónomas, mientras se producen descensos en la Administración Estatal, las locales y, fundamentalmente en las universidades. El empleo crece en sanidad, educación, justicia y seguridad, pero cae en las consejerías autonómicas.
Mientras los funcionarios de carrera aumentan ligeramente, pese a las limitaciones impuestas por la tasa de reposición de Mariano Rajoy, el más castigado por la crisis es el personal laboral fijo -sometido al Estatuto de los Trabajadores-, al tiempo que se produce un importante incremento entre el personal eventual e interino, a los que recientemente el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a la carrera profesional con contratos superiores a cinco años en la Administración. Del informe se constata que solo seis de cada diez empleados públicos son funcionarios de carrera, lo que deja en evidencia la precariedad y un porcentaje elevado de contratos 'no privilegiados'.
Menos funcionarios que en Europa
Los datos de la OCDE dejan claro que el peso en España de los empleados públicos sobre el total es inferior al de la mayoría de los países desarrollados. Si bien siete naciones de la Unión Europea tienen porcentaje inferiores al de nuestro país -Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, República Checa, Portugal y Países Bajos-, tres -Noruega, Suecia y Dinamarca- prácticamente la dobla, con un tercio de sus trabajadores empleados en las administraciones y empresas públicas.
Diferencias entre comunidades
Durante la recesión, solo siete comunidades autónomas de las 17 aumentaron su plantilla de empleados públicos -incluyendo todas las administraciones-, especialmente País Vasco, Islas Baleares, Aragón, Región de Murcia y Galicia y en menor medida Comunidad Valenciana y La Rioja. Resulta llamativo, igualmente, el diferente peso que tiene el sector público en las comunidades. Mientras en Extremadura, con datos de la EPA del tercer trimestre de 2019, tiene 23 funcionarios por cada cien ocupados y Ceuta y Melilla, 42; en Baleares supone el 12,3% y Cataluña, el 13,1%. La media nacional se sitúa en el 16,2%.
Sin un empleo de por vida
Tener un empleo fijo de por vida no está garantizado para uno de cada cuatro trabajadores públicos y el número de temporales es ya superior al de los que registra el sector privado. La precariedad sigue siendo una de las principales problemas en las administraciones, pese a los intentos de los últimos años de acabar con ella, fundamentalmente en las comunidades. Según la EPA, en el tercer trimestre del año había en España 3.228.700 empleados en las administraciones y empresas públicas y de ello 896.300 tenían un contrato temporal, un porcentaje del 27,8%. Por su parte, las empresas privadas contaban en ese periodo con 13.561.300 asalariados, de los que casi 3,6 millones estaban contratados de forma temporal, lo que supone el 26,4%. Las comunidades con mayor porcentaje de temporales en las administraciones públicas son Navarra, Cantabria y País Vasco.
Retribuciones, en el punto de mira
Otro de los aspectos más cuestionados son los sueldos de los funcionarios. Las estadísticas del INE dejan patentes grandes diferencias con el sector privado, de 882 de media mensual, y que se han acrecentado con la crisis, un periodo durante el que los empleados del sector privado perdieron sus antigüedades y privilegios por los despidos y se vieron obligados a aceptar menores salarios para poder seguir trabajando. Algo más de dos de cada diez trabajadores de la empresa privada tenía en 2018 un sueldo de más de 2.187 euros, mientras que casi un 62% de los trabajadores del sector público -donde el salario medio se situó en 2.654 euros- se situaba en ese tramo. En el sector privado la retribución media se situó en 1.772 euros.
Las importantes diferencias están justificadas básicamente en la mayor cualificación de los funcionarios, que tienen carreras más largas que incorporan pluses de antigüedades y trienios y que cuenta con más edad, además de que su trabajo mayoritario se desarrolla en grandes ciudades, en las que los sueldos son significativamente más altos. Pero recientemente el Banco de España apuntaba un quinto factor: la mayor presencia sindical en el sector público, donde los trabajadores están mayoritariamente afiliados, lo que permite negociar de forma más efectiva y directa las mejoras retributivas y laborales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios