Las críticas de los sindicatos al Gobierno por soslayar al diálogo social, en algunas de las decisiones adoptadas en materia laboral esta semana, se endurecen por el supuesto abuso de la figura del Real Decreto-Ley. Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado una queja formal ante la Secretaría de Estado de Función Pública por la aprobación del Real Decreo que regula la evalución de la labor de los funcionarios "al margen del diálogo social", y que también afecta a otras materias relativas a permisos y derechos de conciliación. En concreto, desde esta fuerza sindical instan al MInisterio de Hacienda y Función Pública que encabeza la ministra María Jesús Montero que retome "de forma urgente" la culminación íntegra del denominado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en 2022 por la propia Comisiones Obreras y UGT.
Desde Comisiones Obreras argumentan que el hecho de que esta norma requiriera "cierta urgencia" en su tramitación para dar cumplimiento a compromisos recogidos en el Plan de Recuperación "no es excusa para no haber sido objeto de negociación en el ámbito de dialogo social de la Administración Pública".
La reforma aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros incluye temas tan diversos como los permisos y derechos de conciliación, así como la Ley de Función Pública, "sin haber sido abordados previamente por la mesa de diálogo social con los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, aún pendiente de culminar su desarrollo", reprocha este sindicato.
Para el sindicato, urge cerrar el despliegue del Acuerdo Marco en materias tan importantes como la reclasificación profesional, incluyendo la obligatoriedad de adaptar la clasificación profesional al Marco Español (MECES) y Europeo (EQF) de Cualificaciones, así como la jubilación parcial, permisos, jornada de 35 horas o la Ley de Función Pública del Estado.
Del mismo modo, y respecto a la Ley de Función Pública del Estado, este sindicato ha considerado "imprescindible" retomar "de inmediato" las negociaciones para su aprobación definitiva, al igual que lo contenido en el Real Decreto-ley, que una vez entrado en vigor, debe contemplar la negociación prioritaria de la carrera profesional, así como la negociación para acordar las bases de la evaluación del desempeño profesional, entre otras. Desde Comisiones Obreras también se reclama "un enganche legal" para garantizar a partir de enero los incrementos pactados para 2024 y el 0,5% adicional una vez se cierre el PIB de 2023.
Asimismo, pide introducir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 medidas que garanticen la recuperación de empleo público, con una "correcta" planificación de las necesidades para su traslado a las correspondientes ofertas de empleo público.
