Elecciones Generales: el 20-N deja en el aire la última esperanza de saldar la hipoteca con la vivienda

El adelanto electoral ha prácticamente firmado la defunción anticipada de la subcomisión del Congreso que iba a cambiar la Ley Hipotecaria, para corregir algunos de los actuales abusos.

Este organismo se creó hace tres meses, con el objetivo de analizar los agujeros de la actual normativa y de aportar soluciones para corregirlos. Un trabajo que el grupo encargado ya había avanzado en gran parte y que, debido a la nueva cita electoral, queda en el aire.

Aunque la subcomisión esté dispuesta a adelantar sus conclusiones a septiembre, frente al plazo que tenían hasta diciembre, éstas quedarán en el aire al disolverse las Cortes el día 27 de ese mismo mes, para así poder celebrar elecciones el 20 de noviembre.

Todo un jarro de agua fría, ya que, según Pere Macías, diputado de CiU en el Congreso y presidente de la subcomisión, hay prácticamente consenso para eliminar algunas clausulas que se consideran abusivas o en obligar a las entidades financieras a ser más transparentes a la hora de informar sobre la letra pequeña de estos contratos.

Por ejemplo, todas las fuerzas habían mostrado su apoyo a limitar los intereses de mora al entorno de 2,5 veces el tipo de interés del momento, lo que los limitaría al entorno de 12%, frente al 30% y el 40% que están cobrando actualmente las entidades; en corregir las clausulas de suelo y techo; y en cambiar la política de tasaciones, haciéndolas más transparentes y garantizando al comprador que pueda pedir él su propia valoración, en vez de tener que aceptar la del banco.

A pesar de estos puntos de acuerdo, el adelanto electoral hace prácticamente imposible poder llevar a buen puerto medidas todavía más complejas, y con menos consenso, como la posibilidad de saldar la hipoteca con la vivienda.

Entre los expertos que ya han sido consultados por la subcomisión, Macías destaca la aportación de un catedrático de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, que propuso el modelo de dación en pago temporal.

Éste consiste en abrir un periodo de seis meses para que todas aquellas personas que no puedan hacer frente a la hipoteca devuelvan las llaves al banco y salden así su deuda. El experto cifra en 21.000 millones el coste de esta medida, un elevado importe como para confiar en su implantación en pleno proceso electoral.

Lo mismo ocurre con la propuesta de aplicar un uso que recoge el Derecho Civil, que se llama anticrisis, y que permite ocupar un bien y redimirlo cuando se pueda. En el caso de la vivienda, sería algo parecido a un alquiler con opción a compra.

Si alguien no puede seguir pagando la letra, el banco se queda con la titularidad de la casa, pero el inquilino puede seguir viviendo a cambio del pago de una especie de alquiler, que se le podría descontar de la hipoteca si en un futuro puede volver a afrontarla.

No obstante, el propio Macías reconoce que una medida de este tipo exigiría algunos cambios, como introducir incentivos fiscales, también muy difíciles de imaginar en una contexto de cambio de Gobierno.

Más imposible resulta todavía aplicar la dación en pago con carácter retroactivo, propuesta que también ha sido vista en las reuniones de la subcomisión, y que apenas ha contado con respaldo, según las fuentes consultadas por lainformacion.com.