Valladolid, 14 jun.- La Junta de Castilla y León ha dado hoy el "último paso por dar" y ha acordado interponer "ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional" por lo que considera una vulneración del derecho de defensa de esta Comunidad en las últimas sentencias del Impuesto de Sociedades del País Vasco.
Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
Se trata "de un paso más en la defensa de las empresas de la comunidad, puesto que el objetivo es evitar que las diputaciones forales apliquen tipos fiscales reducidos a las compañías que operan en las tres provincias vascas y con ello se lograría que unas y otras compitieran en situación de igualdad", ha argumentado el portavoz de la Junta.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco "ignoró el mandato del Tribunal de Luxemburgo y eludió realizar las diligencias solicitadas por el Tribunal de Justicia de la UE -que hubieran permitido dilucidar si la Junta estaba en lo cierto- y dictó sentencias sin más trámite, privando a Castilla y León de toda posibilidad de alegar y probar su postura", ha detallado.
Esto obligó al Gobierno autonómico a presentar ocho recursos de casación en 2009 y 2010 ante el Tribunal Supremo, que los desestimó el pasado mes de abril, una decisión "incomprensible para la Junta", según se recoge en la información facilitada sobre el Consejo de Gobierno, en la que se recuerda además que tres magistrados del Supremo discreparon del resto de la sala en otros tantos votos particulares.
La Junta ha argüido que "el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de diciembre de 2004, decretó la nulidad de las normas forales de 1996 sobre el Impuesto de Sociedades que fijaban un tipo inferior al estatal para las empresas ubicadas en el País Vasco".
Por ello, Castilla y León ha acordado presentar ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), con el fin de que se anulen los pronunciamientos judiciales precedentes y el asunto se resuelva tras practicar las pruebas que ordenó realizar el Tribunal de Luxemburgo hace casi cuatro años.
La Junta ha planteado que "desde 1996 las diputaciones vascas favorecen a las empresas asentadas en su territorio con un Impuesto de Sociedades inferior al vigente en las demás autonomías, así como con ventajas tributarias que no existen en el resto de España y que les permiten pagar menos".
En opinión del Ejecutivo regional, "se trata de un claro ejercicio de competencia fiscal desleal que perjudica a las comunidades limítrofes, entre las que se encuentra Castilla y León".
El recurso al constitucional es el último paso en los procesos citados, aunque la Junta "seguirá recurriendo" siempre que lo considere necesario, ha aclarado De Santiago-Juárez.
Las conocidas como vacaciones fiscales vascas han sido recurridas sistemáticamente tanto por Castilla y León como por La Rioja ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
El conflicto ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, que ha intervenido tanto a raíz de procedimientos iniciados por la Comisión Europea como a petición de tribunales españoles.
Las sentencias que ha dictado hasta ahora afectan, según han recordado las mismas fuentes, a ayudas selectivas a empresas, que considera incompatibles con el mercado común.
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