Defensora del Pueblo pide que se paguen ayudas de subsidiación reconocidas

Madrid, 27 sep.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Fomento que revise el criterio que afecta a la supresión de las ayudas de subsidiación de préstamos para la compra de viviendas protegidas que concedían las comunidades autónomas en aplicación de los planes estatales de vivienda.

La institución ha solicitado al departamento que dirige Ana Pastor que deje de aplicar el criterio actual y ha reclamado que pague las ayudas reconocidas por las comunidades autónomas.

Asimismo, ha pedido al ministerio que se comunique el criterio interpretativo para que las administraciones autonómicas revisen de oficio las resoluciones que hubieran denegado, antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 4 de junio, que, "ahora sí", suprime todas las ayudas referidas a planes de vivienda anteriores.

La Defensora del Pueblo recuerda que, aunque el Gobierno suprimió este tipo de ayudas recogidas en el Plan estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, Fomento comunicó a las comunidades autónomas que había que interpretar que esa supresión legal afectaba a todos los planes estatales de vivienda, lo que implicaba denegar cualquier solicitud nueva o en trámite acogida a los planes anteriores.

Tras recibir la directriz de Fomento, indica el organismo, algunas comunidades autónomas aplicaron la interpretación remitida pero otras no lo hicieron.

En consecuencia, algunas administraciones han seguido reconociendo las ayudas financieras recogidas en planes de vivienda anteriores a 2009 pero los beneficiaros no han podido cobrarlas al no contar con el visto bueno del Ministerio.

Esta situación se ha visto reflejada en las quejas recibidas en el Defensor del Pueblo durante este último año.

En opinión del Defensor del Pueblo, el Real Decreto Ley 20/2012 sólo anula las ayudas contenidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y no las anteriores, al tiempo que considera que una interpretación tan extensiva de la ley no es adecuada para la garantía de los derechos de los ciudadanos.

En vista a lo sucedido, el Defensor del Pueblo transmitió varias recomendaciones para que Fomento dejase de aplicar este criterio al entender que interpretó de manera "extensiva" el artículo 25 de la ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad.

Esta misma semana, el grupo parlamentario socialista solicitó también al Gobierno que aprobase de nuevo las ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios para garantizar el acceso a la vivienda ante el "alargamiento y empeoramiento" de la crisis económica.

En virtud de estas ayudas, se subvencionaba una parte proporcional de la cuota mensual de la hipoteca de una vivienda de protección oficial.

Según el PSOE, la supresión de dichas ayudas podría afectar a unos 600.000 ciudadanos españoles.