El caos autonómico retrasa el progreso en España y cierra puertas a las empresas

  • Las autoridades comunitarias advierten que la dispersión normativa, el reparto de inversiones y el modelo educativo perjudican a la productividad.  
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2018
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2018
EFE

Después de cinco años de funcionamiento de la Ley de Unidad de Mercado, las autoridades comunitarias todavía advierten que España tiene una regulación muy fragmentada entre las diferentes comunidades autónomas que frena la productividad, las oportunidades de crecimiento y la competencia. Así se recoge en las recomendaciones del Consejo Europeo al Programa de Reformas del Gobierno español para 2019, con la advertencia de que ese hecho aumenta el carácter restrictivo de algunas normas en ámbitos como el de los servicios profesionales e impide a las empresas beneficiarse de posibles economías de escala y crecer más.

El documento que analiza el caso español pide “una aplicación más decidida de esta ley” sobre todo en lo que respecta a la dispersión normativa sobre la prestación de los servicios jurídicos e informáticos, y los que prestan los ingenieros civiles y los arquitectos. En pleno maremágnum para llegar a pactos de gobierno en casi todas las comunidades autónomas españolas, mezcladas con las opciones para la formación del nuevo Ejecutivo, desde Bruselas se advierte que “una coordinación más estrecha y sostenida entre las autoridades nacionales y autonómicas podría conseguir que las políticas en este ámbito (el económico y empresarial) fuesen más efectivas”.

Más explícitas son todavía las autoridades comunitarias al analizar las disparidades regionales que presenta España en cuanto a las necesidades de inversión que se presentan en cada una de sus autonomías. Pendientes de hacer una reforma de la financiación autonómica y sin saber todavía si la opción será un modelo territorial federal o un sistema autonómico más avanzado, lo que tienen claro en Bruselas es que, a la hora de repartir la inversión pública o las subvenciones europeas, hay que tener en cuenta que “las disparidades territoriales en términos de PIB per cápita son moderadas, pero siguen siendo mayores que antes de la crisis”.

Según el análisis comunitario, la diferencia entre regiones ricas y pobres en España se ha acrecentado por el impacto “asimétrico” de la caída del empleo con la crisis, de forma que es en los indicadores laborales y sociales donde se ve una mayor diferencia entre el Estado español y la media de la Unión. Esa distancia también se repite en ámbitos como la tasa de emprendimiento, el nivel de innovación y la competitividad general de las empresas, datos que “debe tener debidamente en cuenta” quien vaya a decidir la política económica de inversión.

En ese contexto de frenar las diferencias de desarrollo regional es donde la UE espera que se apliquen mejor los fondos comunitarios para el periodo 2012-2027, con el objetivo de “contribuir a subsanar las deficiencias detectadas”. El Consejo pide un “refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos”, de manera que permitan un aprovechamiento óptimo “teniendo en cuenta las disparidades regionales y la situación especial de la región periférica de Canarias”, según reza el documento de las recomendaciones del Consejo.

La educación se ha estancado

El otro gran problema que desde Bruselas se ha detectado en España y que se acrecienta más por las diferencias autonómicas se centra en el modelo educativo. El Consejo Europeo afirma con cierta rotundidad que “los esfuerzos por reformar el sistema educativo se han estancado”, con unas disparidades regionales “considerables” y un índice de abandono escolar prematuro excesivamente alto. Ese hecho va en detrimento de la productividad empresarial, sobre todo porque “a las empresas les cuesta encontrar las capacidades necesarias para abrirse a la innovación, especialmente en lo que respecta a los especialistas en tecnologías de la información y comunicaciones”.

Las autoridades europeas reconocen que España ha aprobado recientemente medidas de reforma de su sistema educativo y ha dado entrada a la formación profesional dual, pero advierte que el número de personas que se matriculan en esos programas nuevos es todavía modesto. “La tasa de titulados superiores en España sobrepasa la media de la UE, pero dichos titulados experimentan dificultades para encontrar puesto de trabajo adecuados”, ratifica el documento.

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