Madrid, 26 jun.- El Pleno del Congreso ha aprobado hoy definitivamente la ley que regula la representatividad de las organizaciones agrarias -y por tanto su interlocución con la Administración central- y crea el Consejo Agrario, con el apoyo del PP y el rechazo de los grupos de la oposición.
La ley recoge la celebración de una consulta directa y simultánea en España, convocada de forma periódica, y los agricultores podrán elegir a una de las organizaciones candidatas, que cubrirán los 10 puestos del Consejo Agrario de forma proporcional a los votos obtenidos mediante un sistema de circunscripción única.
Se añade una disposición adicional que establece que el plazo para convocar la primera consulta será de 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley e incorpora una disposición transitoria única que establece que el comité Asesor Agrario seguirá existiendo hasta que se constituya el nuevo Consejo Agrario.
El portavoz del PP, Bibiano Serrano, ha explicado que en la actualidad tres organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) "pactan la representatividad al 33,33 % cada una, y ya está", lo que, a su juicio, no es propio de un Estado de Derecho.
La nueva reglamentación permitirá, según Serrano, que los agricultores y ganaderos "elijan democráticamente en las urnas" a sus representantes ante la Administración central, gracias a esta ley "necesaria", porque la anterior "es de imposible aplicación".
Para Serrano, el nuevo sistema dará "un plus de legitimidad" a las organizaciones en sus reivindicaciones y acabará con sus disputas sobre quién tiene mayor presencia entre los agricultores.
Desde la oposición, por su parte, han denunciado la falta de consenso y de garantías democráticas de la futura "consulta" electoral y la invasión de competencias autonómicas.
El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, ha rechazado lo que ha considerado "un fiasco" de ley "incomprensible", que "creo que es ilegal y que no tendrá vida propia ni en esta legislatura ni en la siguiente".
"Es un engaño del PP a las organizaciones profesionales agrarias y a los agricultores", ha remarcado Alonso, quien ha apuntado que hay un "acuerdo oculto" de ese partido para impulsar una ley con la que, afirma, no están de acuerdo ni Asaja, ni COAG, ni UPA.
Según la nueva ley, el censo de votantes incluirá personas físicas afiliadas a la Seguridad Social que perciba pagos directos superiores a 5.000 euros y agricultores que declaren una renta procedente de la actividad agraria de un porcentaje igual o superior al 25 % de su renta total; también se abre a sociedades civiles y mercantiles con actividad agraria y unos requisitos de facturación.
La norma determina que serán organizaciones profesionales agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un 15 % de los votos válidos emitidos en consulta en todo el Estado y, además, por lo menos un 5 % en seis comunidades autónomas.
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