Una carrera contrarreloj. Así se está viviendo la tramitación del Proyecto de Real Decreto por el que se modifican los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito.
La audiencia pública de esta nueva normativa finalizó el pasado 7 de febrero y ahora ha sido enviada al Consejo de Estado, con el objetivo de que sea aprobada por el Consejo de Ministros en marzo, sin llevar a cabo un trámite parlamentario previo que retrasaría su entrada en vigor.
Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Economía, que aseguran que el Ejecutivo no ha variado su calendario por la noticia conocida ayer de que el Tribunal Supremo ha desestimado parcialmente el indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a Alfredo Sáenz, consejero delegado de Santander.
El Alto Tribunal considera que la medida de gracia se excedió al ampliar su perdón a "cuestiones administrativas" y, por tanto, considera que "no procede la anulación de los antecedentes penales" del financiero, lo que conlleva su inhabilitación a la luz de la normativa actual.
Ésta dicta que "carecen de tal honorabilidad (la requerida para poder ocupar un puesto como el de Sáenz) quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos".
El consejero delegado de Santander se encontrará en esta situación cuando sea firme la decisión del Supremo, cuya sentencia todavía tardará entre 10 y 15 días en ver la luz, según han reconocido a lainformacion.com fuentes del Alto Tribunal.
Una vez superado este trámite, el financiero deberá someterse a la legalidad vigente, según señaló ayer el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, desde Bruselas, donde se encontraba cuando se conoció la noticia con motivo del Ecofin.
Sin embargo, cabe la posibilidad de que para entonces ya esté en vigor el Real Decreto que ultima el Gobierno y que conferirá al Banco de España mayor discrecionalidad para decidir sobre la inhabilitación de Sáenz.
Calendario contrarreloj
Según el calendario marcado por el Ejecutivo, a partir del próximo viernes, 1 de marzo, el Consejo de Ministros ya podría dar luz verde a la nueva normativa, lo que, de facto, dejaría en agua de borrajas la decisión del Supremo.
En cambio, si el Real Decreto se sometiera previamente a trámite parlamentario, como sí va a hacer el Ejecutivo con el anteproyecto de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, el proceso se dilataría meses, lo que, en principio, obligaría a Sáenz a someterse a la actual legislación y, en consecuencia, a abandonar Santander.
Gracias a que no va a haber trámite parlamentario previo, el financiero tiene todavía la posibilidad de que, cuando el fallo sea firme, la legislación vigente sea la nueva y el Banco de España tenga toda la discrecionalidad del mundo para decidir el futuro del consejero delegado de Santander.
Y es que la futura regulación deja a su criterio considerar si los antecedentes por delito doloso son suficientes para considerar que una persona ha perdido la honorabilidad requerida para seguir al frente a una entidad (ver aquí la nueva normativa).
Entre los motivos que debe tener en consideración el organismo dirigido por Luis Linde para tomar su decisión está, por ejemplo, el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos; la conducta posterior desde la comisión del delito o infracción; o la reiteración de condenas o sanciones por faltas o infracciones.
En el caso de Alfredo Sáenz, todos estos puntos juegan a su favor, ya que los hechos que motivaron su condena se remontan casi 20 años atrás y cuenta con una trayectoria profesional intachable, que le convierte en uno de los banqueros más admirados del mundo.
En concreto, esta polémica hace referencia al caso Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida por el Banco de España en 1993 y vendida a Santander.
En el proceso de reflotamiento del banco, cuatro empresarios -Pedro Olabarría, Modesto González Mestre y los hermanos Luis y José Ignacio Romero- fueron a la cárcel por una deuda de 639 millones de pesetas de aquel entonces que les reclamaba la entidad.
Años después, y tras un largo proceso judicial, el Alto Tribunal consideró probado que Sáenz dio instrucciones para que Banesto presentara, a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios; y le condenó a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer la profesión bancaria.
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