Madrid, 21 nov.- El Gobierno ha aprobado hoy la metodología para calcular la forma como se reparte entre las empresas eléctricas el coste del bono social, una tarifa eléctrica subvencionada a la que tienen acceso los consumidores vulnerables.
Según la referencia del Consejo de Ministros de hoy, este real decreto desarrolla lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico de 2013.
Hasta esta ley, el coste del bono social -228 millones en 2013- lo asumían las cinco grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON- pero ahora participarán en el reparto todos los agentes verticalmente integrados, es decir, los que desarrollan simultáneamente actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.
El Gobierno no ha detallado si esta especificación implica, en la práctica, la entrada de nuevas empresas en el reparto de este coste ni, en su caso, cuáles serían.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinará cada año qué porcentaje corresponde pagar a cada empresa en función de los suministros conectados a las redes de distribución y los clientes de sus comercializadoras.
El Gobierno ha recordado que los consumidores con derecho al bono social tienen un descuento del 25 % respecto al precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que es al que están acogidos la mayoría de los hogares.
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