El Gobierno se enfrenta a una megademanda de las constructoras por las radiales de Madrid

Los abogados de las grandes constructoras están analizando con lupa la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la autopista Madrid-Toledo. Este fallo, conocido hace dos semanas, confiere parcialmente la razón a Isolux, Comsa, Azvi, Sando y Banco Espirito Santo en el recurso que interpusieron contra el Estado, exigiéndole el reequilibrio económico-financiero de la concesión.

Las constructoras, titulares de la AP-41 Madrid-Toledo, acusan al Estado de haber construido una autovía paralela y de haber suspendido la ampliación de la concesión hasta Córdoba, como estaba previsto. Dos hechos que han derivado en el desplome del tráfico y en la práctica quiebra de la autopista.

El Supremo les ha dado la razón en el segundo punto, por considerar que se trataba de un hecho imprevisible cuando se firmó el contrato y, por tanto, considera que el Estado es responsable de tapar el agujero, que las constructoras cifran en 100 millones de euros.

Este importe puede quedarse en mera anécdota si los titulares de las radiales de Madrid siguen el mismo ejemplo y, acogiéndose a la doctrina de los hechos imprevisibles, exigen al Gobierno que asuma las pérdidas que están teniendo estas vías.

De hecho, según ha podido confirmar lainformacion.com con fuentes de las compañías, sus servicios jurídicos ya están estudiando esta posibilidad y están dispuestos a ir a juicio tras el precedente dictado por la AP-41.

En su caso, el hecho imprevisible que podrían alegar sería el desplome del tráfico respecto a las cifras inicialmente calculadas en los pliegos. Los número hablan por sí solos.

La R-2, entre Madrid y Guadalajara apenas llega al 46,7% del tráfico previsto; la R-3 Madrid-Arganda y la R-5 Madrid-Navalcarnero se queda en el 43,9%; y la R-4 Madrid-Ocaña, en el 47,4%.

Además, la autopista la M-12 Eje Aeropuerto, que conecta la capital con la Terminal 4 de Barajas, apenas logra el 13,1%; mientras que la AP-41 Madrid-Toledo, que ha conseguido el fallo en su favor del Supremo, está en el 15,1%.

Solución intermedia

De llevarse a cabo esta amenaza, el Estado se enfrentaría a un megajuicio de consecuencias desconocidas, lo que lleva a las mismas fuentes a confiar en que el Ministerio de Fomento se siente a negociar con ellas soluciones alternativas.

Entre otras, ya se baraja la opción de diseñar una solución similar a la aplicada en el caso de las expropiaciones de los terrenos por donde circulan las radiales.

Varias sentencias han obligado a las concesionarias a resarcir a los antiguos dueños del suelo con 1.000 millones de euros, por considerar que el precio al que se expropiaron las tierras era insuficiente.

Este desembolso adicional ha puesto en jaque a las autopistas, que pactaron con Fomento limitar el umbral de responsabilidad de las constructoras y, por tanto, que el Estado también hiciera frente al exceso de precio por encima de ese listón.

En concreto, las compañías afrontan hasta un umbral del 175% el sobrecoste de las expropiaciones, mientras que por encima de esta cifra Fomento está obligado a aportar ayudas mediante créditos participativos.

Ahora, para hacer frente al imprevisible hecho del desplome del tráfico, según alegan las concesionarias, se podría limitar también la responsabilidad de las compañías. En este caso, consideran que su umbral estaría en torno al 20% por debajo del número de automóviles previsto, mientra que a partir de ese umbral debería ser el Estado quien asumiera las pérdidas.

El problema de no llegar a un acuerdo, además de la posible demanda del sector, sería que muchas compañías se muestran incapaces de seguir aportando dinero a estas autopistas. Hasta ahora, las han rescatado de la quiebra con nuevas aportaciones de capital, pero no están dispuestas a seguir así.

La consecuencia sería la suspensión de pagos de la concesión y su vuelta a manos del Estado, que entonces se vería con la responsabilidad de hacer frente a todo el agujero de estas carreteras.