Barcelona, 27 may.- El Parlamento catalán ha pedido hoy la comparecencia del ministro de Economía, Luis De Guindos, y de las cúpulas actuales y anteriores de Bankia y de Catalunya Banc ante la comisión que debe investigar sobre la actuación de las entidades financieras en Cataluña.
La comisión ha solicitado la comparecencia del expresidente de Bankia Rodrigo Rato; del actual titular de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri; del expresidente de Catalunya Banc, Adolf Todó; de los exministros de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado, o bien de la anterior cúpula de Caixa Penedès imputada por adjudicarse pensiones millonarias.
La larga lista de comparecientes, que supera el centenar de personas, incluye también al gobernador del Banco de España, Luis María Linde y a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez.
Además de al presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy, al secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, o bien al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Los grupos han coincidido en su voluntad de que la comisión sea lo más útil posible para los ciudadanos perjudicados por la colocación de preferentes u otros productos de riesgo, y también para conocer las causas del desmoronamiento del sistema catalán de cajas.
No ha prosperado, en cambio, la petición de que comparecieran el presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, y el director general de la entidad, Juan María Nin, ni tampoco los presidentes del Santander, Emilio Botín, y el BBVA, Francisco González.
Así lo habían pedido ICV-EUiA, ERC, Ciutadans y la CUP, pero han votado en contra CiU y PPC y el PSC se ha abstenido, una mayoría que se ha repetido en varios momentos.
CiU era partidaria de un número más reducido de comparecientes, para hacer la comisión más ágil, mientras que ERC y otros grupos como ICV-EUiA, las CUP o Ciutadans han apoyado buena parte de las solicitudes presentadas, que sumaban 231 personas, 155 de ellas en calidad de comparecientes y el resto como expertos.
El PPC ha votado en contra de la solicitud de representantes de organismos estatales o de Bankia, para que la comisión del Parlamento no se solapara con la del Congreso, mientras que el PSC ha respaldado un gran número de solicitudes, también las de representantes estatales, aunque básicamente referidas a la banca nacionalizada o con problemas.
La larga lista de comparecientes -la votación en sí ha superado las tres horas de duración- hará que la comisión se prolongue más allá del verano, aunque los partidos asumen que será difícil que comparezcan directivos de banca que trabajan fuera de Cataluña o bien cargos de carácter estatal.
CiU ha dado prácticamente por seguro que este tipo de cargos no comparecerán en el Parlamento, pero se ha avenido a apoyar la asistencia de una parte importante de ellos; en cualquier caso, ha avisado de que, si no hay representación estatal, solicitará la comparecencia de la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna.
Sí se da por segura, en cambio, la personación del consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, y de su antecesor en el cargo, Antoni Castells.
Además de llamar a representantes de entidades como Adicae o Ausbanc, los parlamentarios también quieren escuchar el testimonio de numerosos expertos y de exgestores de las antiguas cajas catalanas.
Así, la Cámara catalana ha pedido que comparezcan antiguos cargos de Caixa Catalunya como el exministro Narcís Serra, Josep Maria Loza, Fernando Casado o Antoni Serra Ramoneda, y de ex directores generales o presidentes de Caixa Manresa, Caixa Tarragona, de las cajas que dieron lugar a Unnim o bien de Caixa Laietana -ahora integrada en Bankia-.
El Parlamento también ha aprobado por unanimidad la comparecencia de los exdirectivos de Caixa Penedès Ricard Pagès, Manuel Troyano y Joan Caellas, para los que la fiscalía pide entre tres años y tres años y medio de cárcel por las pensiones millonarias que se adjudicaron.
La comisión de investigación de la banca debería abordar asuntos como la situación actual de las entidades nacionalizadas catalanas o bien problemas como el de las preferentes o las cláusulas abusivas en la concesión de hipotecas.
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