La economía española todavía tiene un largo camino por recorrer antes de lograr los mismos niveles que tenía antes de que la crisis del coronavirus estallara. Aunque el empleo batió récords en 2021, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) no tuvo el vigor que se esperaba, según las previsiones de los distintos organismos y a la espera de los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha retrasado el momento en el que calcula que el PIB volverá a los niveles precrisis y lo sitúa en el último trimestre de este año. La AIReF cree que la economía cerró 2021 con un incremento del 5,1% del PIB, frente al 5,5% que estimó en octubre.
La institución que preside Cristina Herrero no es la única que ha retrasado el momento en que será efectiva la recuperación. La Comisión Europea da por hecho que España la alcanzará en 2023, igual que la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) que la sitúa en los tres primeros meses del próximo año. El retraso en la recuperación tiene implicaciones para el Gobierno y sobre todo para su política fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado en varias ocasiones que las modernización del sistema tributario, es decir, la reforma fiscal, no se llevaría a cabo hasta que la economía española hubiera recuperado lo perdido durante la pandemia; por lo que el plazo del Ministerio de Hacienda podría ser más corto de lo previsto inicialmente.
Los planes de Montero pasan por llevar a cabo una reforma fiscal en 2023, dando por hecho que para entonces ya se habría revitalizado la economía. Para ello, el Ministerio conformó un grupo de expertos que debe analizar el actual panorama tributario y aportar propuestas. El Comité de expertos para la reforma fiscal tiene de plazo hasta el 28 de febrero, y tal como publicó este periódico, está previsto que agote los días de los que disponen. Una vez Hacienda tenga en sus manos el Libro Blanco para la reforma fiscal, el Gobierno lo analizará y elaborará su propuesta, aunque todavía no hay calendario para estas fases, según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda.
El Gobierno contaba con que en 2023 la economía ya se habría recuperado por completo de la crisis del coronavirus y habría dejado atrás las consecuencias económicas de la pandemia y alcanzado la velocidad de crucero. Sin embargo, según apuntan las previsiones de las distintas instituciones, el próximo año será cuando el PIB español logre recuperar los niveles previos a la pandemia. Esto deja un escenario con poco margen al Gobierno, a las puertas de unas elecciones generales que tienen que convocarse en el último tramo del año y con una recuperación económica recién completada. Teniendo en cuenta las previsiones de Funcas o de la Comisión Europea y las intenciones del departamento de Montero, el hachazo fiscal llegaría justo cuando la economía haya recuperado lo perdido y a unos meses de que los españoles tengan que acudir a las urnas.
"La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica", afirmó Montero en mayo, cuando presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, la ministra aseguró que la reforma fiscal podría retrasarse, pero es que si se tiene en cuenta el calendario podría agotarse la legislatura antes de que se dieran las condiciones que espera el Ejecutivo para poner en marcha la reforma fiscal.
Plan normativo
Aunque se desconocen cuáles van a ser las deliberaciones del comité de expertos para la reforma fiscal, que servirán de base para que el Gobierno diseñe un nuevo escenario tributario, no se pueden descartar nuevas figuras tributarias vinculadas a la digitalización o a la economía verde, como el impuesto al diésel, que Moncloa ha descartado incluir en presupuestos anteriores. También está en la agenda de Montero la armonización del impuesto de Patrimonio, para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas y durante toda la legislatura, la titular de Hacienda ha hecho hincapié en que "cada cual contribuye según su capacidad y recibe según su necesidad".
En la presentación del comité de expertos, el Ministerio de Hacienda dejó la puerta abierta a "realizar ajustes fiscales puntuales si así lo considera oportuno, en línea con las medidas adoptadas hasta ahora". Hasta ahora, Montero ya ha sacado adelante el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades y los tributos que gravan las transacciones financieras (Tasa Tobin) y determinados servicios digitales (Google). Sin embargo, en el Plan Normativo -el documento que recoge las iniciativas legislativas o reglamentarias que impulsará el Gobierno durante el año- no se incluye ninguna medida que implique una subida de impuestos o la creación de algún nuevo gravamen.
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