Madrid/Barcelona, 30 oct.- El Tribunal Supremo ha denegado a Aigües de Catalunya, controlada por BTG Pactual y socia de Acciona en Aigües Ter Llobregat (ATLL), la suspensión cautelar del acuerdo de enero de 2013 por la que el OARCC pidió excluir del concurso de la gestión de ATTL al consorcio encabezado por Acciona.
En su sentencia, el alto tribunal confirma la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el mismo sentido, por lo que todavía debe pronunciarse sobre el fondo del asunto.
El 2 de enero de 2013 el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) pidió que se retirara a Acciona del concurso para adjudicar la gestión de la empresa pública ATTL al consorcio encabezado por Acciona y en el que también participa BTG Pactual después de haber sido elegida la ganadora por la Generalitat.
El Supremo considera que los argumentos esgrimidos por el socio de Acciona no tienen apoyo suficiente para desvirtuar las razones que llevaron al tribunal catalán a denegar la misma medida cautelar.
Asimismo, indica que si no prospera su recurso sobre el fondo del asunto, BTG Pactual podrá ser resarcida al igual que en los casos en que se dirimen asuntos susceptibles de una cuantificación económica.
Por otro lado, el alto tribunal no advierte, como alega BTG, un error notorio en la decisión por la que el OARCC pidió que se excluyera a Acciona del proceso de licitación, cuestión que a su juicio supondría decidir sobre el fondo de la controversia.
A pesar de la decisión adoptada por el OARCC en 2013, el consorcio encabezado por Acciona comenzó a prestar el servicio de suministro de aguas, actividad que continúa realizando en la actualidad.
El pasado 20 de mayo el TSJC desestimó la petición de Agbar de excluir a Acciona de la gestión de la empresa pública.
Fuentes de la Generalitat han asegurado a Efe que, a pesar del fallo del Tribunal Supremo conocido hoy, todavía quedan por resolver dos recursos, uno del propio gobierno catalán y otro presentado por la empresa Aigües Ter Llobregat, gestionada por Acciona.
En este sentido, añaden que hasta que no se conozcan ambos fallos el gobierno catalán no tomará ninguna decisión respecto a la gestión de ATLL, puesto que recuerdan que los tribunales aún no se han pronunciado sobre el fondo del conflicto, sino sobre medidas cautelares.
Sin embargo, dar marcha atrás en esta privatización puede suponer un grave perjuicio para las finanzas de la Generalitat y para su déficit de este año -que era de un 1,3 % del PIB hasta agosto, tres décimas más de lo permitido para todo el año-, puesto que esta privatización le supuso unos ingresos extraordinarios de unos 1.000 millones de euros que le ayudaron a rebajar su déficit de 2012.
En concreto, la Generalitat recibió a finales de 2012 casi 300 millones de euros de Acciona y sus socios y se apuntó contablemente otros 700 millones por los ingresos previstos durante los próximos 50 años por esa adjudicación.
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