Lunes, 12.11.2018 - 19:48 h
La asignatura pendiente de la economía española

Trasvase en el tejido productivo: la gran empresa crece a costa de la más pequeña

Las compañías con más de 500 trabajadores inscritas en la Seguridad Social son las que más elevan su presencia y las que crean más empleo.

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Trasvase en el tejido productivo: la gran empresa crece a costa de la más pequeña. / E.P. 

El tamaño de las empresas sí importa, y es una de las asignaturas pendientes de la economía española. Aunque muy despacio, se está produciendo un trasvase en el tejido productivo y empieza a observarse cómo las grandes compañías –que son, precisamente, las que tiran de la creación de empleo– crecen a costa de las más pequeñas. Estamos lejos de un cambio de modelo, pero los expertos atisban ya cierta transformación en la estructura empresarial de nuestro país y advierten de la importancia de favorecer el desarrollo de la actividad en un momento en el que el Gobierno amenaza con una gran ofensiva fiscal contra la clase empresarial para financiar un fuerte incremento del gasto en los cada vez menos viables Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Uno de los indicadores que nos permiten medir el tamaño de las empresas es su número de trabajadores. Con frecuencia, se trata de uno de los datos a los que menos atención se presta en las estadísticas mensuales del Ministerio de Trabajo. Pues bien, en un primer vistazo, las cifras reflejan un leve cambio de tendencia en lo que tiene que ver con el tejido empresarial español, cuya foto es, en líneas generales, la siguiente: muchas micropymes (de hasta nueve trabajadores), pocas empresas pequeñas (de 10 a 49 trabajadores) y medianas (de 50 a 249 empleados); y un número reducido, aunque creciente, de grandes compañías, con más de 250 ocupados y más de 500, que acaparan un porcentaje del empleo también en aumento.

En concreto, y de acuerdo con los datos que maneja el departamento que dirige Magdalena Valerio, en España hay actualmente 720.275 empresas con 1 o dos trabajadores. Si a estas se suman otras 297.162 con entre 3  y 5 empleados y 133.741 compañías con hasta 9 asalariados, el resultado es que 1,15 millones del total de 1,33 millones de empresas en el régimen general de la Seguridad Social son micro. Esto supone el 86% del tejido productivo, porcentaje que se eleva hasta el 97% si añadimos las que tienen entre 10 y 49 trabajadores. Lo que nos deja apenas un 1,8% de medianas empresas de 50 a 249 empleados (25.006) y un 1,2% de grandes (2.545 con entre 250 y 499 ocupados y solo 2.127 con más de 500).

Estas proporciones se han mantenido prácticamente estáticas en las últimas dos décadas, tal y como refleja el informe "Serie histórica 1999-2016. Estudio sobre la evolución de empresas y trabajadores" elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El documento, presentado el año pasado, empezaba a deslizar ya la conclusión que se viene a traer ahora aquí: mientras las pequeñas empresas se adaptaron a la crisis económica mediante mecanismos de flexibilidad interna, fueron las medianas y grandes las que "sufrieron en mayor medida la destrucción de empleo", sin embargo, en momentos posteriores de recuperación económica "las empresas que más crecen no son precisamente las más pequeñas, si no se analiza en términos absolutos". 

Coincide con este diagnóstico el profesor e investigador de la Universidad de Essex Javier Santacruz, quien se fija en las tasas de variación interanual que presenta la clasificación de empresas de la Seguridad Social. Aquí se aprecia bien: las compañías que más elevan su presencia en la estructura productiva española son las de más de 500 trabajadores, en concreto, a un ritmo superior al 5% el pasado mes de septiembre (último dato disponible), mientras, las microempresas de 1 a 2 trabajadores se estancan en un 0,3%  y las de 3 a 5 empleados crecen un 2%. También suben con fuerza las de entre 250 y 499 trabajadores, un 3,5%, y las de 50 a 249, un 4,4%. Después nos encontramos con el grueso de empresas con entre 6 y 49 asalariados, que avanzan por encima del 3%. 

Pero es que, además, hay que tener en cuenta que 4,5 millones de los más de 13,8 millones de asalariados inscritos en la Seguridad Social trabajan para grandes compañías de más de 500 empleados. Es un tercio de la ocupación total, una proporción que evidencia la importancia de las grandes empresas, pues aunque no parezcan demasiadas en términos absolutos, acaparan buena parte del empleo que se genera en España.

Y no solo eso: en la comparativa interanual, la ocupación en estas grandes empresas se incrementa a un ritmo del 5,4%, siendo, de nuevo, las que ven crecer el empleo más deprisa. Como prueba, al mismo tiempo, el número de trabajadores en las micro y en las pymes se eleva menos del 3% de media, tasa que aumenta hasta el 3,4% en el caso de las firmas que dan trabajo a entre 250 y 499 personas.

Por ello, Santacruz explica que además de estarse produciendo un "trasvase muy claro" de micropymes que ganan tamaño y se convierten en pymes, y de pymes a grandes empresas, "cada vez más, la creación de empleo se está concentrando en estas corporaciones de mayor envergadura". Por ello, y dejando de lado cuestiones como la productividad, que implican un profundo debate complementario, destaca dos claves en materia de política económica: "favorecer el incremento de las plantillas y evitar entorpecer la creación de empleo en las empresas de mayor tamaño, que son las principales generadoras".

En este sentido, este economista recomienda al Gobierno "no meterse el dedo en el ojo" con políticas que puedan perjudicar el desempeño de la actividad empresarial, de la que dependen millones de puestos de trabajo. Recordemos que, de acuerdo con el plan presupuestario pactado con Podemos y remitido a Bruselas, el Gobierno pretende recaudar 5.678 millones de euros más, de los que hasta 3.826 millones los pagarán las empresas a través de la limitación en las exenciones y el tipo mínimo del 15% de la base imponible en el Impuesto de Sociedades (1.776 millones de euros), mediante la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras (850 millones más que serán destinados al pago de las pensiones), y con la creación del impuesto sobre servicios digitales, que implicará 1.200 millones más.

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