El Gobierno ha aprobado este lunes el anteproyecto de la nueva Ley de Industria que sustituirá a la actual, que lleva en vigor desde 1992, y que forma parte de la hoja de ruta con la que el Ejecutivo se propone "afianzar la solidez de la economía española". El nuevo texto incorpora, entre otras novedades, la obligatoriedad de que las empresas industriales que perciban ayudas públicas tengan que mantener la actividad al menos durante cinco años si son grandes o durante tres años en el caso de las pymes, con el objetivo de blindar el empleo industrial.
Otra novedad importante es el capítulo que tiene que ver con la ordenación de los procesos de reindustrialización. Así, la empresa que se encuentre en determinadas circunstancias deberá anticipar un cierre o la reducción de actividad cuando esta conlleve una importante reducción de empleo. "Deben explorarse fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados", apunta el Gobierno. Para ello se dota a los diferentes actores implicados de un plazo para buscar una solución a través de una Mesa de Reindustrialización en la que intervendrá también la Administración General del Estado.
Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha asegurado que el texto busca hacer de la industria sector líder en innovación, sostenibilidad, digitalización y más competitivo, que involucra al conjunto de las Administraciones Públicas, a los agentes económicos y sociales y al conjunto de las fuerzas políticas, y que pretende seguir contribuyendo a la recuperación económica a la vez que refuerza el modelo productivo. Según Maroto, favorecerá además la atracción de inversores en sectores estratégicos, sobre todo en aquellos territorios afectados actualmente por el reto demográfico.
Protección de la industria electrointensiva
La nueva ley de Industria reconoce una especial protección a aquellas que son intensiva en el uso de energía e incorpora medidas de acompañamiento para facilitar su descarbonización. Al mismo tiempo, presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad introducir o consolidar empresas industriales españolas en un ámbito internacional. Se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto con el objetivo de facilitar la investigación y la innovación.
Las Administraciones Públicas promoverán e implantarán medidas que contribuyan a dotar los servicios e infraestructuras necesarios para el fomento de áreas industriales. La promoción de suelo industrial se realizará "preferentemente mediante consenso con los actores implicados en su desarrollo y gestión", apunta el Departamento que capitanea Maroto. Además, la Ley introduce la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los que hayan sido concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.
Definición de las industrias estratégicas
La futura norma define a las industrias estratégicas, ligando el catálogo de recursos y capacidades recogidas en la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) de forma que se fijarán aquellos proyectos que sean de interés general. Entre los agentes de financiación, destacan el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) y el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP). Como agentes de ejecución la Ley recoge a la Escuela de Organización Industrial (EOI), la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).
Entre otros objetivos, la ley se marca los de garantizar la libertad de establecimiento de empresas industriales, proteger la libre circulación de productos industriales, garantizar la unidad de mercado y la coordinación administrativa; así como promocionar un entorno favorable a la generación de ecosistemas industriales e impulsar proyectos tractores y que sean de interés general.
Pertenecen al ámbito de aplicación de la ley las industrias manufactureras y actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos. Están igualmente incluidos los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.
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