El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no solo ha puesto sobre la mesa una propuesta con los nuevos tramos por los que tendrán que cotizar los trabajadores autónomos a partir de 2023, sino que la polémica tabla va acompañada de un informe de uso interno en el que el departamento que pilota José Luis Escrivá justifica la necesidad de poner en marcha ese nuevo sistema de cotización por ingresos reales. El documento, al que ha tenido acceso La Información, recoge una fotografía de la situación actual del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y respalda con numerosos datos -algunos inéditos- su voluntad de someter al colectivo a un incremento generalizado de las cuotas en los próximos años.
El informe parte de tres antecedentes. Para empezar, recuerda que el Pacto de Toledo, en sus recomendaciones cuarta y quinta, recoge la necesidad de aproximar las bases de cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. Continúa rememorando el acuerdo alcanzado con los agentes sociales en julio de 2021, donde se pusieron negro sobre blanco las líneas maestras del nuevo sistema de cotización, dejando para un segundo bloque de negociaciones la concreción de los tramos. Y por último, recuerda que el Gobierno, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha comprometido con la Comisión Europea a poner en marcha este nuevo sistema de cotización para los autónomos.
Aclarados los antecedentes, el Ministerio arranca su justificación exponiendo la situación financiera del RETA y aludiendo a lo que consideran "un desequilibrio estructural". Primero explica la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales, que a lo largo de los años (entre 2016 y 2022, el último dato presupuestado) se mantienen por encima de los 11.000 millones de euros, exceptuando los ejercicios afectados por la pandemia, donde se experimentaron reducciones importantes, hasta 9.300 millones en 2020 y hasta 10.300 en 2021. Y a continuación detalla la evolución de las prestaciones económicas del sistema, que incluyen pensiones contributivas e incapacidad temporal, y que pasan de unos 18.000 millones en 2016 a algo más de 19.000 millones en 2018 y superan el umbral de los 20.000 y los 21.000 millones en 2020 y 2021, respectivamente, para escalar por encima de los 22.000 millones de euros en 2022, de acuerdo con lo presupuestado.
En consecuencia, la diferencia entre los ingresos por cuotas y el gasto en prestaciones económicas para autónomos pasa de 6.937 millones de euros en el año 2016 a 10.662 millones en 2022, habiéndose alcanzado los mayores 'números rojos' en 2020 con motivo de la pandemia. Para este año, el Ministerio proyecta que la recaudación por cotizaciones sociales va a representar algo menos del 52% del desembolso en prestaciones para el colectivo. Es decir, que los ingresos cubren a duras penas la mitad del gasto. Ante esta situación, la Seguridad Social asegura en su informe que "el déficit marca una tendencia creciente y, por tanto, se trata de un problema estructural". El origen de esta problemática, a juicio del equipo de técnicos de Escrivá, está en la configuración de un sistema de cotización que "lastra los ingresos" y "se proyecta en una deficiente acción protectora".
En el apartado que dedica el informe a los ingresos por cotizaciones, el Ministerio achaca el problema al hecho de que, en el sistema actual, los autónomos pueden elegir cuánto pagan a la Seguridad Social y plantea directamente "la libre elección de base como factor explicativo de un pobre resultado". Según los datos internos del RETA, más de 8 de cada 10 autónomos cotizan por la base mínima. Concretamente, el 83,95% de los afiliados al régimen especial. Son un total de 2.779.883 trabajadores, entre 17.757 de venta ambulante, 637.826 cotizantes por la mínima de societarios y autónomos con 10 y más trabajadores contratados y 2.124.300 por la mínima general. Solo el 16,05% restante cotizan por bases superiores y, como resultado, la base media de cotización en el RETA es un 41,6% inferior a la base media del régimen general, destaca el informe del Ministerio.
Por el lado del gasto (lo que el Ministerio denomina "acción protectora"), el informe presenta el "reflejo de un sistema de cotización insuficiente". Para justificar esa afirmación, argumenta con varios datos que las pensiones de jubilación de los autónomos son considerablemente más bajas que las de los trabajadores por cuenta ajena. En concreto, la pensión media del RETA se corresponde con el 61,37% de la del régimen general (795,5 euros frente a 1.296,22 euros) y la pensión media de las altas de jubilación es del 56,75% (853,21 euros en autónomos frente a 1.503,48 euros en régimen general). Asimismo, los autónomos concentran un mayor porcentaje de pensiones con complementos por mínimos, ya que en el régimen general la proporción de pensiones con garantías de mínimo es del 20,19% y en el RETA alcanza el 33,89% (en conjunto, entre los dos regímenes y atendiendo a las pensiones de incapacidad permanente, jubilación y viudedad, la tasa es del 22,64%).
Y a partir de aquí, el Ministerio vende su reforma: un sistema de cotización por ingresos reales, que se aplicará de manera paulatina entre 2023 y 2031 y que se divide en 13 tramos, con la posibilidad de cambiar de base hasta seis veces al año. Los tramos alcanzarán desde 184 hasta 1.267 euros al final del periodo, aunque podrán hacerse revisiones periódicas cada tres años. Asociaciones de autónomos como ATA han calificado la propuesta gubernamental de "hachazo" al colectivo, mientras otras como UPTA o UATAE se han mostrado más prudentes. Fuentes del Ministerio aseguraron, tras la última reunión mantenida este lunes, que estudiarán las contrapropuestas de los agentes sociales y el propio Escrivá se ha mostrado abierto a hacer ajustes en los tramos, por lo que la tabla podría no ser definitiva, aunque no se prevén grandes cambios respecto a las líneas generales porque están previamente acordadas y el ministro ha defendido que se trata de una propuesta "muy justa" y "beneficiosa".
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