España entre los que se descuelgan de la recuperación económica en la OCDE

París.- España está quedando claramente descolgada de la recuperación económica de la OCDE, que ha revisado al alza las previsiones de la mayor parte de sus países miembros para este año y el próximo por el tirón más positivo de lo esperado tanto del comercio internacional como de las economías emergentes.

En su informe semestral de perspectivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sigue persistiendo en su idea de que el Producto Interior Bruto (PIB) de España va a volverse a reducir este año: un -0,2% frente al -0,3% que calculaba en noviembre, que coincidía con la cifra del Gobierno.

De los 30 países miembros, sólo se augura también un retroceso del PIB Grecia (-3,7%), Islandia (-2,2%) e Irlanda (-0,7%), mientras que la media de la organización será un crecimiento del 2,7%, es decir, ocho décimas más de lo que se anticipaba hace seis meses.

La magra recuperación del 0,9% para España en 2011 es la misma que la OCDE había dado en noviembre (cuatro décimas por debajo de la que ha ofrecido el Gobierno tras integrar el impacto negativo de su plan de ajuste) y sólo dos países quedan por debajo: Grecia, con un nuevo bajón económico del 2,5% y Portugal con un ascenso del 0,8%.

Los datos españoles del próximo ejercicio se quedan una vez más muy por debajo del 2,8% para el conjunto del conocido como el "Club de los países desarrollados" y de la media de la zona euro (1,8%).

Uno de los puntos negros de la economía española es el paro, el más elevado con diferencia de los Estados de la OCDE, y que según la previsión va a aumentar de una media del 18% en 2009 al 19,1% este año (dos décimas menos de lo calculado en noviembre), antes de bajar en 2011 (18,2% de media).

Cifras que son más del doble de las de la OCDE, donde la tasa de desempleo después de haber ascendido al 8,1% de media en 2009, va a tocar techo en 2010 (8,5%) y disminuir en 2011 (8,2%).

Otro gran lastre para España es el de un sector inmobiliario en el que la absorción de las viviendas sin vender se está haciendo "sólo lentamente" y cuyos precios siguen inflados, según los autores del estudio.

El secretario general de la organización, Ángel Gurría, mostró su apoyo y "admiración" al plan de ajuste presupuestario anunciado a comienzos de mes por el Ejecutivo español, en tanto que constituye "un reconocimiento de que hay que hacer un esfuerzo muy especial en virtud de las demandas que está haciendo el mercado en Europa".

Pero Gurría añadió que las reformas que desde hace años viene aconsejando la OCDE a España, en particular la de su sistema de pensiones y la del mercado laboral son ahora "urgentes" por el contexto económico.

Uno de los pocos elementos de consuelo son las previsiones a medio y largo plazo, que con todas las incertidumbres que conllevan son más halagüeñas para España que para el conjunto de la zona euro.

De acuerdo con esas proyecciones, la economía española crecerá a un ritmo del 2,4% en el periodo 2012-2015 y luego al 2,2% en 2016-2025, mientras los miembros de la moneda única europea en su conjunto lo harán al 2,3% y al 1,7% respectivamente.

Más allá del caso español, la zona euro en su conjunto es el bloque enfermo de la OCDE, que no aprovecha como Estados Unidos o Japón el espectacular despegue de los grandes países emergentes asiáticos, y que además está en el ojo del huracán de los mercados por la viabilidad de la deuda de algunos de sus Estados.

Aquí el mensaje de Gurría a falta de original fue claro: las turbulencias de los mercados en los últimos meses han puesto en evidencia la necesidad de una mayor coordinación de las políticas de los países de la zona euro, que deberían constituir "una unión fiscal de facto".

Eso debería traducirse en medidas que garanticen la disciplina fiscal, incluyendo "sanciones más efectivas" y auditorías externas de los presupuestos hasta llegar a una armonización.

La OCDE insiste en que la consolidación fiscal es el gran reto para luchar contra los riesgos que ponen en peligro la recuperación y no quiere descartar el recurso a subidas de impuestos, pero en aquellos con menor impacto económico, es decir, los que gravan el consumo y las emisiones contaminantes.