Domingo, 20.10.2019 - 00:44 h
En 2018 apenas recuperó 350.000 euros

El Estado admite un agujero cercano a los 120 millones por los despidos de la crisis

El Fondo de Garantía Salarial consolida en su balance una gravosa 'mochila' de decenas de millones en activos invendibles y derechos incobrables.

Fotografía fábrica abandonada / EFE
El Fogasa arrastra en su balance bienes por 35 millones casi imposibles de vender en el mercado. / EFE

Bienes inmuebles en estado de semiabandono, maquinaria probablemente ya desfasada, derechos de cobro sobre empresas cuya situación financiera hace improbable cualquier ingreso... las cicatrices de la demoledora crisis económica y financiera que vivió España -y el resto del mundo- entre finales de la pasada década y los inicios de ésta han dejado una huella cercana a los 120 millones de euros en el balance de uno de los organismos públicos que más contribuyó a amortiguar las sus consecuencias, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), la institución del Estado creada para proteger y garantizar una cobertura salarial mínima a los trabajadores de empresas en graves problemas económicos que no pueden hacer frente a sus nóminas.

Los intentos del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo por sacar partido a ese patrimonio enquistado en su balance y por cobrar parte de los recursos que se le adeudan por el respaldo financiero prestado en su día a empresas en problemas para garantizar el cobro de las nóminas por parte de sus trabajadores han resultado vanos hasta la fecha. El Fogasa reconoce en sus última cuentas anuales, las del ejercicio de 2018, que apenas ha conseguido 'rescatar' 350.000 euros de los cerca de 120 millones de euros que aún tiene consignados como activos en su balance durante el conjunto del ejercicio.

La partida más importante se corresponde a los 76,7 millones de euros asociados a 'convenios de recuperación' que el Fogasa firmó en su día con empresas para adelantar a éstas los recursos necesarios para cubrir sus deudas pendientes por impagos a trabajadores y que ahora han pasado a la cuenta de 'deudores de dudoso cobro' en las cuentas del organismo. La medida se pensó como un alivio financiero para empresas en problemas. El instrumento les permitía posponer el coste inmediato asociado a la reestructuración de sus plantillas y afrontarlo en cómodos plazos en tanto recomponían la situación financiera de la sociedad. 

Sobre el papel podría parecer una herramienta útil para dar a empresas en problemas una segunda oportunidad, pero la virulencia de la crisis la convirtió en un tratamiento meramente paliativo. El Fogasa admite que más del 91% de esos cobros pendientes se corresponden a ejercicios anteriores al año 2014 y que a lo largo del año pasado sólo fue capaz de recuperar un 0,18% sobre el total de los derechos a cobrar, es decir, alrededor de 138.000 euros. Esa cuantía, además, es decreciente en el tiempo. En 2017 se recuperó el 0,98% y en 2016, el 1,55%.

Las dificultades objetivas para recuperar esos recursos no han impedido que la Intervención General del Estado haya propinado un tirón de orejas a los gestores del Fogasa por la debilidades de los sistemas de control y seguimiento puestos en marcha para tratar de recuperar esos activos y por la relajación a la hora de ejecutar las garantías exigidas en los convenios firmados en su momento. No es una crítica nueva. Se viene haciendo puntualmente desde el año 2015.

Activos disponibles...¿para la venta?

El segundo factor que explica el persistente agujero en el balance del Fogasa se encuentra en la partida de 'activos en estado de venta', un inventario que cuenta con 81 bienes adjudicados en la liquidación de compañías con deudas con el organismo o por la ejecución de las garantías previstas en los 'convenios de recuperación' antes mencionados, que el fondo estatal valora en su balance en 35,5 millones de euros pero que no ha sido capaz de colocar en el mercado.

Las cuentas del organismo detallan que se trata principalmente de bienes inmuebles y bienes industriales, aunque también hay maquinaria y otro tipo de bienes "desde hace años disponibles para su venta o enajenación", pero que el Fogasa no ha sido capaz de colocar. En parte puede ser porque hasta el 3 de mayo de 2016 no se dictó la resolución administrativa que permitió iniciar la enajenación ordenada de esos bienes y en parte también porque es posible que no tengan mucho 'mercado'. Los esfuerzos del Fondo solo han permitido ingresar poco más de 220.000 euros en 2018 por ventas de estos activos, una situación que también le ha valido las críticas de la Intervención, que exige al Fogasa que cumpla con la norma que le "obliga a devolver los mismos (los activos) de la forma más inmediata posible al tráfico mercantil".

El Fondo de Garantía Salarial espera también desde hace años recuperar más de cinco millones de euros en prestaciones abonadas de forma indebida a trabajadores, que en una tercera parte corresponden a situaciones generada antes del año 2014. El organismo considera como de muy difícil cobro -y así los ha deteriorado en su balance- el 87% de esas prestaciones y en los últimos años sólo ha sido capaz de recuperar en torno al 12% de la deuda principal correspondiente a ejercicios ya cerrados, en tanto que el porcentaje de recuperación en el ejercicio corriente ha sido de algo menos de la mitad, el 46%. Hacienda entiende que el Fogasa tampoco hace lo suficiente en este ámbito para recuperar las cantidades no cobradas.

Falta de recursos

Los Servicios Jurídicos del Fogasa ya pusieron de manifiesto hace un par de años que su carencia de recursos humanos afectaba de forma relevante a su tarea de desenmascarar solicitudes impropias de prestaciones y de defender los derechos del organismo en los procedimientos concursales, en todo lo referencia al cobro de cuantías pendientes y a la ejecución de garantías firmadas en su momento.

"Cuando los letrados del Fogasa impiden el reconocimiento de créditos laborales fraudulentos, además de evitar el pago impropio de prestaciones de garantía salarial, impiden el reconocimiento de derechos laborales fraudulentos, que, sin esta actuación, hubieran dado lugar al reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social", se glosaba en una antigua memoria del organismo. Sin embargo, las carencias de personal han hecho que en el pasado los letrados no hayan podido personarse en juicios para defender los derechos del organismo.

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