La inflación en abril fue del 8,4%, un índice que sigue siendo elevado. Esta es la gran obsesión del nuevo líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo. Desde Génova 13 tienen la fórmula -y llevan repitiéndola varios días- acerca de cómo suavizar la repercusión de esos altos precios en la ciudadanía. Y esta no pasa por otro camino que la reducción de impuestos. Sin embargo, hay una medida específica que Feijóo quiere materializar en los gobiernos regionales del PP, sin que esta suponga un déficit en sus presupuestos autonómicos: deflactar la tarifa autonómica. De esta forma, el nuevo líder presionaría a Sánchez lanzando un modelo económico distinto y que, de ser exitoso, podría poner contra las cuerdas la actuación del presidente.
El Gobierno consiguió ayer aprobar en el Congreso el decreto económico que permitirá hacer frente a los efectos perversos de la guerra. De esta forma, se movilizarán hasta 16.000 millones de euros con los que se prevé, entre otras medidas, mantener la rebaja fiscal del 60% en la factura de la luz, regular los beneficios de la producción eléctrica, dar ayudas de 450 millones a los transportistas, conceder 10.000 millones en avales para autónomos y pymes o descontar por cada litro de combustible 20 céntimos. Que dicho decreto reciba luz verde autoriza al Ejecutivo a afrontar la recuperación con más garantías y, además, evitar someterse a las propuestas económicas del nuevo líder de la oposición.
Desde el Partido Popular, que siguen buscando perfiles económicos que refuercen el nuevo equipo de Juan Bravo, no se dan por vencido con su plan fiscal, que lo consideran como una apuesta firme para combatir la actual situación y que ha contado con la ayuda de exministros, exsecretarios de Estado y fiscalistas. Aunque dicho plan incluye diversas medidas -como reducir el IVA de la luz y el gas natural al 4% y 10% respectivamente, potenciar la Airef o destinar el 7% de los fondos europeos para incentivos fiscales-, existe una, en concreto, que ha sido la que más ha repetido Feijóo: deflactar la tarifa del IRPF debido al crecimiento exponencial del IPC.
El IRPF es un tributo cedido a las CCAA en un 50%. Este impuesto cuenta con una escala de gravamen sobre la base imponible general -común para toda España- que grava una mitad, y una escala de gravamen específica -que depende de la comunidad autónoma- y que grava la otra mitad. Los tramos siguen siendo los mismos que hace una década, cuando el IPC (que mide la inflación) era mínimo. Por lo que el líder gallego considera que estos deben ser elevados de forma proporcional al nuevo coste de vida ya que, sino, los ciudadanos estarían pagando con un salario real menor (lo que uno ingresa con respecto al precio de los bienes) los mismos impuestos que cuando tenían mayor poder adquisitivo.
El plan fiscal de Feijóo -que se basa en un informe de febrero de la Agencia Tributaria- asegura que entre enero y febrero de 2022, el Estado ha ingresado 7.500 millones de euros más en recaudación de impuestos que en los dos mismos meses del año pasado. "Se están forrando", denunciaba hace unas semanas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consciente de las continuas revisiones de crecimiento económico de España por parte de los organismos más prestigiosos y ante la necesidad de llevar a cabo un despliegue de medidas sociales que alivien los efectos de la guerra, no medita un cambio en el tramo estatal o en los tipos de gravámenes. Un escenario que ha empujado a Feijóo a optar por la segunda vía: deflactar el IRPF en aquellas comunidades gobernadas bajo las siglas del PP.
"Se podría estudiar una nueva tarifa, incluso deflactando tan solo los tres primeros tramos. De manera que se beneficien especialmente las personas con menor renta". Esta fue la propuesta que el PP envió a La Moncloa. Una idea que, según confirman fuentes del partido, buscaba que esta se diese tanto en el tramo autonómico como en el estatal. Ante la previsible negativa del Gobierno, el PP asegura que ellos incluirán en sus planes económicos esta deflactación de la tarifa. Una medida que parece que no es un órdago solo al Ejecutivo, sino a cualquier gobierno autonómico. Hace unos días, el portavoz popular del Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, denunció "lo incierto de la presunta buena gestión del PNV" e insistió en bajar impuestos y deflactar el IRPF.
El PP tendría vía libre para ejecutar dicha propuesta ya que, según fuentes expertas en derecho fiscal y consultadas por La Información, "todas las CCAA pueden regular la tarifa -tanto en tramos como en tipos- sin necesidad de un acuerdo con el Gobierno de España. Lo único que exige la Ley es que la tarifa autonómica sea progresiva". A finales del año pasado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha caracterizado por profesar los postulados del liberalismo económico, por medio de su consejero Lasquetty, anunció una rebaja de medio punto en todos los tramos autonómicos.
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