Fiscal acusa a una hija del fundador de Chupa Chups de defraudar 1,3 millones

  • La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra la empresaria Marta Bernat Serra, hija del fundador de la marca Chupa Chups, en la que la acusa de defraudar 1,3 millones de IVA deduciéndose los gastos de una vivienda de su propiedad que ella misma se arrendaba.

Barcelona, 3 oct.- La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra la empresaria Marta Bernat Serra, hija del fundador de la marca Chupa Chups, en la que la acusa de defraudar 1,3 millones de IVA deduciéndose los gastos de una vivienda de su propiedad que ella misma se arrendaba.

En su querella, que ya ha sido admitida a trámite, el fiscal de Delitos Económicos Francisco Bañeres acusa a Marta Bernat de urdir un "artificioso negocio jurídico consistente en fingir una relación arrendataria con su propia vivienda habitual", por la que solicitó una devolución improcedente del IVA de 1,3 millones de euros.

La querella deriva de un informe de la Agencia Tributaria que detectó el supuesto fraude fiscal durante los años 2006 a 2009 y, por ese motivo, no devolvió a la empresaria la deducción del IVA que solicitaba.

El ministerio público acusa de un delito contra la Hacienda Pública en grado de tentativa a la empresaria, hija del fundador de la empresa fabricante de los populares Chupa Chups y que la administró junto a sus otros tres hermanos hasta 2006, cuando la vendieron al grupo italiano Perfetti Van Mell.

Desde entonces, la familia decidió reinvertir sus ganancias por la venta de la confitera en el sector inmobiliario y en fondos de capital riesgo a través del 'hólding' Bernat Family Office, del que cada uno de los cuatro hermanos controla el 20 % del capital.

Según mantiene el fiscal en su querella, Marta Bernat era dueña de la totalidad de acciones de la mercantil Serrasbu S.L., que a su vez era propietaria de la firma PIBLAT ZONE S.L., que en octubre de 2006 adquirió por 9,5 millones más un IVA de 668.500 el inmueble que constituye el domicilio habitual de la querellada y su familia.

Desde 2006 hasta 2009, la vivienda fue objeto de una serie de obras de acondicionamiento y mejora y dotada de toda clase de mobiliario.

En abril de 2009, PIBLAT ZONE S.L. y Marta Bernat firmaron un contrato de arrendamiento con prestación de servicios complementarios, en el que la empresa se comprometía a ceder el uso de la casa y a atender sus gastos de mantenimiento, limpieza, seguridad y reposición de enseres a cambio de una renta de 13.000 euros mensuales.

De esa forma, añade el fiscal, la querellada "aparentaba que la vivienda, que servía de cobijo a ella y a su familia, se ocupaba en el régimen previsto para casas rurales, apartamentos turísticos y otros establecimientos con prestaciones asimiladas a las hoteleras".

En base a la relación jurídica establecida con su propia empresa, Marta Bernat se dedujo el IVA soportado de todas aquellas compras, servicios y suministros relacionados con la vivienda en cuestión producidos durante el período 2006-2009.

"Así, gracias a tal simulación contractual, la querellada evitó situarse en la posición de consumidor final que le hubiera conducido a tener que soportar el IVA de sus adquisiciones sin posibilidad de deducción alguna como el común de los ciudadanos", sostiene en su querella el fiscal Francisco Bañeres.

Al margen de esa operación, la querellada aportó otras fincas a su sociedad PIBLAT S.L. que fueron alquiladas a terceros, pero sin esa condición de arrendamiento de servicios complementarios.

De esa forma, agrega la Fiscalía, la querellada aparentó suscribir contratos de arrendamiento previamente adquiridos por EMESA que destinaba a su uso exclusivo personal: ella y su familia, por ejemplo, gozaron en calidad de inquilinos de la vivienda de Barcelona que constituyó su hogar familiar.

Un mecanismo similar al empleado por Marta Bernat para evadir presuntamente el pago del IVA es el que utilizó el abogado Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete que lleva su nombre y que permanece imputado por un presunto fraude fiscal de 3,7 millones de euros a raíz de otra querella presentada por la Fiscalía.

Según el ministerio público, para evadir impuestos, el cotizado abogado aparentó presuntamente suscribir contratos de arrendamiento con bienes previamente adquiridos por una empresa de su propiedad que destinaba a su uso exclusivo personal: él y su familia, por ejemplo, gozaron en calidad de inquilinos de la vivienda de Barcelona que constituyó su domicilio.

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