La decisión se ha tomado después de que la Junta Directiva tomase conocimiento "de las graves acusaciones" formuladas por la Fiscalía contra el FC Barcelona, dos expresidentes y varios directivos.
En respuesta a la orden de busca y captura emitida por la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, queinvestiga la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio.
El hijo del presidente de Guinea Ecuatorial es investigado por el secuestro de dos opositores de nacionalidad española y el juez ha puesto una fianza de 300.000 euros por cada víctima.
Sanz Olmeda ya declaró el pasado 20 de octubre como investigado ante el titular del juzgado central de instrucción nº 5, Santiago Pedraz, en la causa sobre la ampliación de capital realizada por el banco en 2012.
Más de 500 accionistas minoritarios aseguran que el expresidente de la compañía Gonzalo Urquijo y el Consejo de Administración diseñaron un entramado para "enriquecerse con la destrucción" de la empresa.
Tras las diligencias efectuadas y el análisis de los informes periciales, la magistrada concluye que no hay indicios de que los teléfonos de Barutell y Allende fueran clonados, "más allá de sospechas y conjeturas".
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el presunto infractor reembolsaría el precio de los productos adquiridos una vez que se publica una reseña de cinco estrellas en la tienda de la compañía.
El expresidente del FC Barcelona ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, denuncias falsas, falsedad documental y detención ilegal.
La jueza admitió a trámite la querella de Barutell, su esposa y el periodista Eulogio López, en la que acusan a los hermanos Gimeno y a su madre de extorsión, revelación de secretos y organización criminal.
El Alto Tribunal inadmite por falta total de fundamento las pretensiones del despacho contra cuatro magistrados de la Sala Primera que dictaron sentencias sobre el índice hipotecario IRPH.
Por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua hace 25 años. Formaron parte del Comité Ejecutivo de la banda terrorista.
Recoge los delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos y de intercepción ilegal de comunicaciones.
La parte peticionaria, cuya identidad no ha trascendido por motivos legales, acudió por derecho propio a un tribunal. El equipo legal del cantante defiende que las alegaciones expuestas son falsas.
Un juzgado de Barcelona será el encargado de poner en conocimiento del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz la investigación abierta por la caída del banco BPA. Tienen 15 días para personarse.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha admitido una querella y ha abierto diligencias previas contra el presidente de la RFEF y el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué.
El Juzgado de Instrucción 2 de Valencia admitió la querella y procedió a señalar pruebas. Ante el riesgo de condena en el procedimiento penal, los querellados llegaron al acuerdo de resarcir lo defraudado.
La Generalitat y JxCat se querellaron contra el exlíder del PP por injurias, columnas e incitación al odio. El alto tribunal se declara no competente al decaer su condición de aforado, tras dejar su escaño en abril.
La justicia de ese país intenta esclarecer las acusaciones sobre una querella en las que se les acusa de coacciones para obtener información sobre políticos catalanes durante el procés.
El eurodiputado asegura que se trata del caso de espionaje político "más grande conocido hasta ahora" y remarca que atenta contra el secreto de las comunicaciones, la intimidad y la inmunidad parlamentaria.
Acusa a Vox de no sustanciar los indicios sobre un posible delito y pide a la juez el sobreseimiento de la causa, dirigida contra altos cargos de Sanidad. Los contratos fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
El líder del Frente Polisario solicita al juez de la AN los documentos elaborados por el cuerpo nacional en mayo y junio que desvelarían las presiones de Rabat para que España cambiase de postura sobre el Sáhara.
La jueza cita a responsables del equipo alicantino por presunto alzamiento de bienes en el traspaso del jugador al trocear dos millones de euros en 34 cheques. La Fiscalía cree que trataron de evitar al Fisco.
Un abogado demandó a Almeida por presunta omisión del deber de perseguir delitos en el contrato a Luceño y Medina. Ahora un juzgado asegura que no pudo detectar la estafa antes que Anticorrupción.
Los hechos denunciados por el abogado de Puigdemont serán analizados por la magistrada Cristina Díaz, quien ha ocupado puestos en el Ministerio del Interior o en el Gobierno regional de Cristina Cifuentes.
El 'pinchazo' a sus dispositivos electrónicos coincide con un viaje que realizó a la isla lusa de Madeira en las mismas fechas en las que se negociaban los indultos a independentistas catalanes.
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