Granada, 23 jul.- La Fiscalía ha pedido dos años de cárcel y diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el alcalde de Atarfe, Tomás Ruiz (PSOE), y su antecesor en el cargo, Víctor Sánchez (PSOE), por presuntas irregularidades en la concesión de licencias de primera ocupación en la urbanización Medina Elvira.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía les atribuye la presunta autoría de un delito continuado de prevaricación urbanística del que también acusa a los entonces arquitecto (L.G.G.C.) y secretario (J.A.L.G.) municipales, para quienes solicita la misma pena.
En la causa también están acusados tres representantes empresariales que se enfrentan a una petición de la Fiscalía, cada uno de ellos, de seis años de cárcel y multa de 14.400 euros.
La Fiscalía mantiene que el actual alcalde y su antecesor, con la connivencia del arquitecto municipal y el consentimiento del secretario municipal, decidieron conceder, "aún careciendo de un servicio básico e imprescindible para el uso público (evacuación de aguas residuales)", unas licencias de primera ocupación incumpliendo los requisitos y trámites exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo.
A los tres representantes empresariales les acusa de vender los pisos del complejo residencial, aún siendo "plenamente conscientes" de la situación en la que se encontraban las viviendas (sin que estuvieran ejecutadas las obras de saneamiento y sin los servicios necesarios).
Esta circunstancia ocasionó un "grave perjuicio" a los compradores, que han visto cómo sus viviendas resultaban inhabitables "al no disponer ni tan siquiera de agua".
En total fueron concedidas de forma supuestamente irregular siete licencias de primera ocupación a distintas sociedades titulares de unas promociones de viviendas plurifamiliares (que suman 588 casas) y de un centro docente ubicado en el mismo sector residencial.
La Fiscalía pide la nulidad de estas siete licencias de primera ocupación y solicita además para todos los acusados que indemnicen de forma conjunta y solidaria a los compradores de las viviendas en las cantidades en que se acredite el perjuicio derivado de la adquisición de las mismas sin que tuvieran los servicios indispensables para su habitabilidad como agua y red de saneamiento.
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