El fondo Sepi cierra el año bajo la lupa judicial y con sólo el 14% de ejecución

Mientras el Gobierno celebraba la llegada del primer desembolso de los fondos Next Generation -dotado con hasta 10.000 millones de euros-, había otro desembolso -conocido como 'fondo Sepi'- que se le atragantaba al Ejecutivo -con, también, 10.000 millones de euros en ayudas- y que trataba de disimular en aquel ambiente tan festivo. La última fecha límite que había fijado Sánchez para el aterrizaje de este fondo era el próximo 31 de diciembre de 2021, pero, de momento y a falta de una semana, sólo se han llegado a ejecutar 1.476,83 millones de euros. Es decir, menos del 15%. Una realidad que el Gobierno vio venir y que le empujó a prorrogar el plazo (por segunda vez) medio año más. Para más inri, las pocas compañías que hoy disfrutan de estos fondos han tenido problemas con la Justicia tras el 'affaire' del caso Plus Ultra.

El 23 de julio de 2020 se publicaba un real decreto donde se "establecía" un mecanismo hasta ese momento desconocido por la opinión pública: el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Este fondo sería gestionado a través del la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que tendría como principal fin "compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico nacional o regional". Una noticia que se recibió con optimismo por parte de las grandes compañías del país, ya que la cantidad con la que iba a estar dotado dicho fondo iba a ser de 10.000 millones y que, además, llegaría a los pocos meses.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la concesión de una nueva operación del fondo Sepi solicitada por el Grupo Losán, por un importe total de 35 millones de euros. Para el Gobierno, Losán es un grupo estratégico por su impacto en las economías regionales debido a la generación de empleo directo (950 puestos) e indirecto, a sus políticas de sostenibilidad medioambiental, la intensidad inversora y sus políticas de diversificación de productos. Esta operación del Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial se suma así a las diez ya autorizadas: Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Duro Felguera, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs y Reinosa Forgings & Castings.

Todavía hay muchas empresas 'ansiosas' por recibir estos fondos, sobre todo en este escenario, donde la Covid sigue generando incertidumbre y agitando los balances de muchas compañías. Si ya de por sí el retraso de esta ayuda por parte del Gobierno ya crea cierta indignación por parte de muchos empresarios, la gestión de cómo lo está repartiendo irrita, aún más, a todas estas empresas, conscientes de la responsabilidad que tienen con sus trabajadores. Así, tres de las once compañías que ya han recibido los 'fondos Sepi' han tenido problemas con la Justicia durante los procesos de concesión: Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera.

Uno de los recates más mediáticos de los 'fondos Sepi' ha sido el que se le otorgó a la aerolínea Plus Ultra. El 9 de marzo de este año, la ministra de Hacienda anunció que se iba a rescatar a esta compañía adjudicándole 53 millones. Pero, la aerolínea -creada en 2015- comenzó a presentar una serie de anomalías que ponían en duda que fuese merecedor de dicho fondo. Así, "entre enero y febrero de ese año sólo hizo un vuelo su única flota" y muchos medios vincularon a la empresa con cargos del chavismo. Lo que llevó a la magistrada Esperanza Collazos a investigar dicho rescate e imputar a la cúpula de la Sepi.

Otro de los casos más controvertidos ocurrió con otra aerolínea: Air Europa. El Ejecutivo aprobó un paquete de ayuda de estos fondos, con una dotación de hasta 475 millones de euros, el pasado mes de noviembre. Pero este proceso no fue fácil. La compañía irlandesa 'low-cost', Ryanair, denunció esta ayuda porque consideraba que la empresa española había "fallado" y no fomentaba la competencia en el sector. Una situación que provocó que la Justicia europea estudiase el caso, dictando, finalmente, a favor de los intereses del Gobierno.

La empresa tecnológica, Duro Felguera, ha sido la última en estar bajo la lupa de un juez. Sin embargo, a diferencia de los dos casos anteriores, esto se ha debido a razones ajenas a dichos fondos, como tanto la Justicia como la propia compañía han querido remarcar. Una decisión que no compartió la Fiscalía Anticorrupción, que "ratificó" pagos de forma irregular a altos cargos del gobierno venezolano, mientras el Ejecutivo le concedía una ayuda pública de 120 millones. Esta gestión 'cuestionable' de los fondos apunta como responsable al Gobierno, que nos presenta la siguiente imagen: menos de un cuarto del 'fondo Sepi' ha llegado y tres de cada once empresas receptoras han estado involucradas en procesos judiciales.