Con el sindicato mayoritario de funcionarios en contra... La Mesa General de Negociación de la Función Pública ha aprobado este lunes por la tarde la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, capitaneado por María Jesús Montero, para subir hasta un 3,5% los salarios de los funcionarios el año próximo -un 2,5 % fijo y 1% variable-, un alza que se incorporará a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el Gobierno podría llevar ya al Consejo de Ministros de esta misma semana, tras su acuerdo 'in extremis' con los socios de Unidas Podemos.
En concreto, si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%, los salarios públicos subirán un 0,5% de manera adicional. La segunda variable contempla una subida de 0,5 puntos adicionales si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado. La vicepresidenta Nadia Calviño ha adelantado esta misma tarde que revisarán a la baja el cálculo de PIB para el año que viene hasta el 2,1% (este año el PIB crecería, en principio, una décima más de lo previsto, al 4,4%).
Hacienda ya ha cerrado un principio de acuerdo con CCOO y UGT para aprobar un alza adicional del 1,5% para 2022 (con carácter retroactivo y que los funcionarios recibirían en un único pago a final del ejercicio), que se sumará al 2% que ya se revalorizaron sus nóminas desde principios de año. El pacto implica también un aumento del 2% del sueldo de cara a 2024, al que se sumará un 0,5% variable. De este modo, el alza salarial entre este ejercicio y 2024 será del 8 % fijo. Eso sí, el Ministerio explica que añadiendo la parte variable el alza podría llegar al 9,5%.
Acuerdo 'inasumible' o contra la inflación
El presidente del CSIF, sindicato que se ha descolgado del mismo, considera que la oferta económica del Gobierno es "totalmente inasumible". En declaraciones a este diario, Miguel Borra ha incidido en que su sindicato -el principal entre los empleados públicos- no va a firmar un acuerdo que "desde el primer momento suponga ya una pérdida de poder adquisitivo". Recuerdan, además, que el colectivo arrastra una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% y solo en los dos últimos años se ha perdido cerca de un 10%. Por ello, CSIF tacha de "precaria" la subida salarial y considera que supone un "desprecio" a la labor de los empleados públicos.
En el Ministerio inciden en que la situación económica generada tras la invasión de Ucrania "conlleva la necesidad de llegar a acuerdos que persigan, desde la justicia social, paliar los efectos ocasionados por la inflación" y enmarcan ese pacto en dicho contexto. Consideran, además, que puede contribuir a lograr un pacto de rentas en el diálogo social. La subida acordada este lunes beneficiará a un total de 2.717.570 empleados públicos. De ellos, 513.721 pertenecen a la Administración General del Estado, 1.611.697 son empleados públicos de las Comunidades Autónomas y otros 592.152 son trabajadores de las Entidades Locales.
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