El 'plan Báñez' para salvar las pensiones: pasar 20.000 millones de gasto al Estado

Fátima Báñez tiene un plan para garantizar la sostenibilidad financiera a futuro del sistema público de pensiones... pero para ponerlo en marcha necesita del apoyo mayoritario del Pacto de Toledo. El plan es tan simple como complicado de llevar a cabo. Se trata de transferir unos 20.000 millones de euros en gastos que hoy soporta el balance de la Seguridad Social a la cuenta del Estado. Hacerlo exige, eso sí, redefinir por completo el perímetro de actuación de la Seguridad Social, de forma que el organismo público asuma únicamente la gestión y la financiación de lo que hoy se conoce como el tramo contributivo del sistema, y se desvincule de la gestión y sobre todo de la financiación del resto de ayudas de carácter social que hoy están bajo su responsabilidad.

En otras palabras, el 'plan Báñez' aspira a que la Seguridad Social se encargue en exclusiva de gestionar las pensiones contributivas de jubilación, las de viudedad, las de orfandad y las que compensan al resto de grados familiares, y a que sea el Estado el que asuma la responsabilidad de la parte asistencial del sistema, constituida por todo un conjunto de prestaciones y subsidios que van desde pensiones no contributivas por vejez o invalidez a los pagos vinculados a los permisos de maternidad y paternidad o el subsidio por dependencia, según figura en la clasificación de los presupuestos de la Seguridad Social.

Por Bruno Pérez

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"A día de hoy los ingresos por cotizaciones ya cubren más del 94% de la factura de las pensiones contributivas y no tenemos ninguna duda de que a muy corto plazo los ingresos superarán a los gastos", aseguran desde la Secretaría de Estado de Seguridad Social. El problema es que el actual perímetro de atención de la Seguridad Social exige al sistema público de protección social ir más allá y financiar con las cotizaciones otra serie de políticas no estrictamente vinculadas a los derechos generados por los contribuyentes para garantizar su futura pensión: desde políticas sociales como la atención a los mayores que no se pueden valer por sí mismos (sistema de dependencia), a políticas de cobertura laboral (permisos de paternidad y maternidad) e incluso políticas sanitarias (prestación por riesgo de embarazo).

La factura de todo este abanico de servicios para la Seguridad Social es muy exigente. Según el proyecto de Presupuestos para 2018, el pago de las prestaciones no contributivas que aún abona la Seguridad Social se llevará 2.380 millones de euros; el pago de la incapacidad temporal ('subcontratado' a la Mutuas de Prevención) supondrá este año 7.980 millones de euros; la factura de los permisos de paternidad, maternidad y riesgo por embarazo ronda los 2.600 millones; la de las prestaciones familiares asciende a 1.585 millones de euros, y aún quedan por ahí otras transferencias que se contabilizan en 1.251 millones de euros. Eso, por el lado del gasto, porque el Presupuesto de la Seguridad Social también sufre minusvalías por el lado de los ingresos por las reducciones aprobadas en los últimos años para fomentar el empleo en determinados colectivos de difícil inserción (1.500 millones de euros menos en ingresos) o por otras iniciativas que prometían reducir el gasto en pensiones y lo que han hecho, finalmente, es horadar sus ingresos como el contrato de relevo o las ayudas para retrasar la jubilación.

A la espera del Pacto de Toledo

"Creemos que es necesario ir a una nueva separación de las fuentes de financiación", aseguran desde el Ministerio de Empleo, "y por lo que sabemos que el Pacto de Toledo también lo cree así". El plan de Báñez necesita del respaldo institucional de las recomendaciones del Pacto de Toledo para poder convertirse en una realidad "porque no sería algo que fuera a aplicar este Gobierno sino también los que vengan en el futuro", explican desde el Ministerio. La idea de fondo es que al igual que en 1996 el Pacto de Toledo apuntó en sus recomendaciones a la necesidad de que el Estado asumiera la factura de las pensiones no contributivas - algo que tardó 17 años en hacerse por completo, por cierto-, ahora inste al Gobierno a sacar del ámbito de la Seguridad Social las prestaciones que no estén financiadas con aportaciones finalistas de los contribuyentes.

A la espera de que las fuerzas parlamentarias representadas en el Pacto de Toledo pulan el aspecto definitivo que tendrán sus recomendaciones, las fuentes consultadas por La Información aseguran que, en efecto, existe un amplio consenso sobre la necesidad de avanzar en la separación de las fuentes de financiación del sistema público de protección social, aunque también manejan otras alternativas más orientadas a resolver el asunto proporcionando más ingresos a la Seguridad Social que reduciendo el volumen de gasto que gestiona.

"No podría hacerse todo de golpe, lógicamente, pero sí entendemos que podría sustanciarse en un plazo razonable de unos diez años", explican desde el Ministerio de Empleo, subrayando que esta redistribución no solo aportaría lógica al actual sistema de protección social sino que eliminaría cualquier sombra de incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.