El Gobierno de Cantabria ha adoptado en su reunión de esta semana un acuerdo para defender la integridad, la viabilidad, la actividad y el empleo del Grupo Celsa, propietario de la factoría Global Steel Wear, en Santander. Según informa el Ejecutivo regional en un comunicado, la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha trasladado el acuerdo al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, en una carta, en la que subraya el carácter estratégico para Cantabria de la empresa que facturó 857 millones el año pasado, con casi la mitad de la producción metalúrgica de la región, y que representa 1.145 empleos.
En esa carta, Sáenz de Buruaga pide al Gobierno de España que asuma las condiciones particulares establecidas por Cantabria con el fin de mantener intacto su carácter de empresa estratégica antes de que el Consejo de Ministros autorice el Plan de Reestructuración propuesto por los acreedores, que ya ha sido homologado por resolución judicial. Para ello, insta al Ejecutivo central a que tome las medidas necesarias o autorizaciones preceptivas para garantizar el mantenimiento del centro principal de intereses, así como el domicilio fiscal y social del Grupo en España.
Además, le reclama que impida "las modificaciones que supongan la desaparición, la disminución de actividad o volumen de negocio o cualquier otra forma de pérdida de valor de los centros de trabajo ubicados en Cantabria y en España". Para garantizar la viabilidad, la integridad del Grupo Celsa y el mantenimiento del empleo actual, el Gobierno cántabro considera necesario, además, que el Plan de Reestructuración incluya "compromisos específicos" en gestión del grupo, endeudamiento y política financiera, recursos humanos, inversiones productivas, transición ecológica y tecnología y sistemas, y que se verifique periódicamente para poder adoptar “medidas correctoras”, si se produjeran "desviaciones significativas".
Creación de un Consejo de Administración
En cuanto al control accionarial, propone la existencia de un accionista o accionistas españoles de referencia con una participación que permita el ejercicio de facultades de control o derecho de veto. Finalmente, el Gobierno cántabro cree oportuna la creación de un Consejo de Administración, con presencia de consejeros independientes, que fomente la integración de todas las visiones estratégicas necesarias para preservar el valor del Grupo Celsa.
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