Barcelona, 19 jul.- El Govern decidirá el próximo martes, en la reunión del Consell Executiu, qué medidas tomará ante el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat y si lleva el asunto ante el Supremo ante la posibilidad de que el concurso quede desierto.
El TSJC ha desestimado hoy los recursos presentados por Acciona y la propia Generalitat y ha ratificado nuevamente la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) de anular la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona.
La privatización de esta empresa pública, que se disputan Acciona y Agbar, está en el aire desde que el OARCC, organismo que depende del propio gobierno catalán, invalidara esta adjudicación al considerar que la oferta de Acciona, la empresa que finalmente se hizo con el servicio, no respetaba el plazo de inversiones previstas en el pliego de condiciones del concurso.
En este contexto, el departamento de Presidencia que dirige el conseller Francesc Homs ha emitido un comunicado en el que ha recordado que el auto del TSJC "no resuelve el fondo del asunto, ni es ninguna resolución definitiva y es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo".
"Entre el primer auto del TSJC sobre la adjudicación de la ATLL y el segundo, publicada hoy, hay una gran diferencia, ya que este segundo no se ha adoptado por unanimidad y cuenta con un voto particular que concuerda con los argumentos esgrimidos por la Generalitat", ha subrayado el departamento de Presidencia.
Para la Generalitat, la resolución de la OARCC incurrió "en un error manifiesto" y cree que "si se acepta esta decisión se producirá un grave perjuicio para la hacienda de la Generalitat".
"Las pruebas presentadas por la Generalitat acreditan sobradamente que las consecuencias económicas de la ejecución de la resolución de la OARCC desbordan claramente el marco del contrato litigioso y tienen una incidencia macroeconómica que debe ser tenida en cuenta a la hora de resolver sobre la medida solicitada", esgrime la Generalitat.
Así, el Govern ha advertido de que "en caso de seguir el criterio de la OARCC, el concurso debería declararse desierto ya que la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) tampoco cumple los requisitos exigidos para ser beneficiario de la adjudicación".
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