Los 'viernes sociales' del Gobierno de Pedro Sánchez reservaban para esta semana un guiño con la 'España vacía', ese corazón olvidado del país que desde hace semanas tenía programada para este domingo una multitudinaria concentración en Madrid para obtener en plena precampaña electoral esa visibilidad que se le niega durante la práctica totalidad del año. El gesto en cuestión - aprobado el viernes por el Consejo de Ministros e incluido en uno de los reales decretos publicados el sábado en el BOE - consiste en la rehabilitación de la figura del 'secretario vecino' como fedatario de los acuerdos administrativos y las aplicaciones presupuestarias aprobadas por los órganos de gobierno de las juntas vecinales, concejos y el resto de las 3.500 entidades locales menores que operan en toda España, si bien dos terceras partes de las mismas se localizan en Castilla y León.
El llamado 'secretario vecino' ha sido tradicionalmente una figura clave en la gestión económica de estas entidades de rango inferior al municipio - que se financian con los rendimientos obtenidos por la explotación de montes, canteras o pastos de naturaleza comunal -, ya que ha ejercido las funciones de fedatario público, asesor legal y fiscalizador de la gestión presupuestaria y contable interna que la ley reserva a los secretarios municipales (habilitados nacionales), pero que en muchos casos éstos no podían ejercer por el exceso de carga de trabajo o la lejanía física respecto a la pedanía en cuestión. La ley establecía que, en ausencia de secretario municipal, sería cualquier otro funcionario de la corporación de referencia o en último caso "una persona con capacitación suficiente" la que ejercería esa función, pero la costumbre ha ido por otros derroteros y en muchos casos la función ha terminado siendo ejercida por el vecino elegido por la Junta Vecinal.
Este modelo fue cuestionado en varias resoluciones judiciales y señalado como ilegal de forma definitiva por una sentencia de 2017 que consideró irregular cualquier acuerdo adoptado por una Junta Vecinal que no fuera ratificado por el secretario municipal oficial. La propia Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España interpretó que esta sentencia abría la puerta a una impugnación masiva de todos los acuerdos adoptados por las Juntas Vecinales que no estuvieran ratificados por un habilitado nacional.
El Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro hizo suyo el criterio judicial y el año pasado incorporó esa interpretación a la normativa a través del Real Decreto que reguló el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (Interventores municiales y secretarios municipales). El texto reservaba esas funciones de manera expresa al secretario municipal del Ayuntamiento del que dependiera la entidad local menor de turno y sólo establecía una excepción para las juntas vecinales y concejos dependientes de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. En ellos, permitía que esas funciones fueran desempeñadas por cualquier otro funcionario de carrera, siempre que éste tuviera un nivel del alto funcionario (grupo A1) o al menos una carrera universitaria. La norma suponía el fin 'de facto' de la figura del 'secretario-vecino', una vez finalizaran sus mandatos en las elecciones municipales del 26 de mayo.
La solución del Gobierno de Pedro Sánchez
El Real Decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y ya en vigor tras su publicación este sábado en el BOE deroga la norma aprobada por Cristóbal Montoro y restaura el estado de cosas anterior a su reforma, con algún matiz. Como primera opción se remite a la solución que establezca la regulación autonómica, si la hubiera. En ausencia de ella, atribuye las competencias al habilitado nacional del ayuntamiento del que dependa la entidad local menor, tal y como exigen las resoluciones judiciales promulgadas hasta la fecha.
A partir de ahí es dónde abre la mano, ya que regula que si ello no fuera posible esa función podrá ser ejercida por cualquier funcionario de la corporación municipal - con independencia de que sea A1 o no tenga formación universitaria -, por los servicios de asistencia de la Diputación Provincial o incluso, y aquí viene el asunto peliagudo, "por cualquier otra persona con capacitación suficiente", lo que abre la puerta a recuperar el modelo de gestión cuestionado por los tribunales de justicia.
"Ello hace inviable en la gran mayoría de los casos que el funcionario con habilitación nacional del Ayuntamiento correspondiente pueda ejercer las funciones reservadas en todas la entidades de ámbito territorial inferior al municipio dependiente del mismo", argumenta el Ejecutivo, que recuerda, además, que el problema afecta a una gran cantidad de municipios. En la actualidad, existen 3.704 entidades de ámbito inferior al municipio en toda España.
El Gobierno sostiene su decisión, así como la extraordinaria y urgente necesidad de la adopción de la medida por decreto, por la parálisis en la gestión de estas entidades que podría darse después de las elecciones municipales del 26 de mayo. Recuerda que, en efecto, hay ayuntamientos que tienen vinculadas dos o tres pedanías, pero que hay otros que deben supervisar la operativa de más de 40, lo que hace prácticamente imposible que el secretario municipal pueda garantizar su control.
Más de 50.000 personas toman bajo la lluvia las calles de Madrid
La lluvia no ha impedido que 'La Revuelta de la España Vaciada' haya convocado este domingo en Madrid a cerca de 50.000 personas, según las cifras de la Delegación del Gobierno de Madrid, convocadas por 90 colectivos de 23 provincias españolas con el objetivo de situar en la agenda política la lucha contra la despoblación de la España interior.
Los organizadores de la movilización no han querido banderas ni símbolos partidistas o sindicales para subrayar la naturaleza ciudadana de la movilización, lo que no ha impedido la adhesión voluntaria de un puñado de políticos, entre ellos cinco ministros del Gobierno, que han tenido que hacerlo, eso sí, a título individual y sin ocupar la cabecera.
Han asistido a la marcha las ministras de Trabajo, Magdalena Valerio; Sanidad, Luisa Carcerdo; Transición Ecológica, Teresa Ribera; Industria, Reyes Maroto; el titular de Agricultura, Luis Planas; la comisionada del Gobierno para el reto demográfico, Isaura Leal, y el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor.
También se han sumado el líder Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario general de esta formación, José Manuel Villegas, mientras que Podemos ha estado representado, entre otros, por su secretario de Organización, Pablo Echenique. Por parte del PP acuden el vicesecretario de Política Autonómica, Vicente Tirado, el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, y el torero Miguel Abellán, número 12 de la lista por Madrid.
Ante la participación de miembros del Gobierno y líderes políticos, uno de los portavoces de 'Soria ¡Ya!' Carlos Vallejo ha dicho a Efe que espera que "la marea de gente los eclipse" porque "hoy no es su día".
"Ya no vale la palabrería, queremos inversiones", ha subrayado Vallejo, que ha recordado que Soria, Teruel y Cuenca son las únicas provincias completas que se encuentran en el umbral establecido por la UE como zona despoblada, por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, informa la Agencia EFE.
No obstante, la despoblación afecta a muchos más territorios y, según datos del INE, hasta 14 provincias españolas están en fase crítica, con un altísimo porcentaje de pequeños municipios (con menos de 1.000 habitantes) en riesgo de extinción, en torno al 80%.
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