Hacienda tiene fundadas sospechas de que año tras año se le escapa uno de cada cuatro euros que deberían pagar las grandes fortunas del país. En euros contantes y sonantes, la Administración Tributaria estima que su falta de pericia (o de recursos) para atacar los canales a través de los cuales los ricos reducen su factura fiscal le cuesta cada año al erario público en torno a 110 millones de euros. El dato, y el fenómeno, no lo conocemos porque la Agencia Tributaria o el Ministerio de Hacienda lo hayan revelado de manera explícita, sino porque se lo trasladaron a la Autoridad Fiscal (Airef) para 'sostener' su cuestionada previsión de ingresos para 2019 y ésta sí lo ha hecho público a través de su web.
La cifra traslada la recaudación extra que el Gobierno espera obtener con la puesta en marcha -en fecha todavía incierta- de la Oficina de Control de Grandes Contribuyentes, una brigada especial dentro de la estructura de la Agencia Tributaria, que contará con una dotación futura de 200 efectivos entre inspectores de Hacienda, técnicos y administrativos, y cuyo principal objetivo será explotar la información fiscal de las mayores fortunas del país para detectar estructuras o estrategias compartidas para tratar de reducir, legal o ilegalmente, su factura fiscal. En el primer caso, la información servirá a Hacienda para cubrir los agujeros del sistema y orientar futuras modificaciones legales; en el segundo, para realizar actuaciones puntuales o sistemáticas contra el fraude fiscal.
Hacienda calcula -tal vez desde el optimismo- que la puesta en marcha de esta oficina permitirá incrementar en un tercio los pagos por impuestos de los grandes patrimonios de forma que se obtengan 110 millones de euros más. La información publicada por el organismo encargado de chequear el rigor del Gobierno a la hora de elaborar las cuentas públicas no precisa qué pretende hacer el Fisco para obtener ese nuevo flujo de ingresos.
La única referencia que tenemos sobre el asunto la proporciona la participación del hoy director de la Agencia Tributaria en el macrovolumen 'El fraude fiscal en España', publicado por Aedaf y Thomson Reuters, y en el que se decía que la oficina permitiría un sistema de planificación y selección de contribuyentes más sofisticado.
"Hemos perdido la capacidad para conocer la aportación fiscal de las grandes rentas". Faltaban aún varios meses para que el Gobierno lo pusiera al frente de la Agencia Tributaria, pero Jesús Gascón ya tenía claramente identificada la que para él constituía una de las grandes lagunas del sistema impositivo español: la falta de capacidad de la Administración Tributaria para controlar de forma efectiva el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las grandes fortunas.
Ya con mando en plaza, el nuevo director general de la Agencia Tributaria recorrió el camino que separa las musas del teatro y consiguió que el Ejecutivo incluyera en su Plan Presupuestario para 2019 la creación de esa Oficina de Control de Grandes Contribuyentes, una experiencia ya desarrollada con éxito en otros países y cuya implantación en España Gascón ha defendido con regularidad en sus intervenciones públicas y su actividad académica durante los últimos años.
Jesús Gascón no defendía la activación de esta oficina por su capacidad para generar recaudación extra sino por su potencial para conseguir un control más eficaz de la actividad fiscal de los grandes patrimonios, pero Bruselas no atiende a mejoras de gestión si éstas no vienen acompañada de la consecución de más recursos y Hacienda ha tenido que estimar lo que espera de esta medida a nivel presupuestario.
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