La implantación de la semana laboral de cuatro días en España está cerca de dar sus primeros pasos. Una enmienda de Más País-Equo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha provocado que se abra el debate en el Gobierno central sobre esta cuestión. Lo que daría impulso a un nuevo modelo de trabajo en el país. El Ministerio de Hacienda está negociando con el partido de Íñigo Errejón su propuesta, que supondría incluir en las cuentas públicas una partida específica para dar ayudas a las empresas que quieran sumarse a esta fórmula, según explican fuentes de la negociación a La Información. Lo que daría facilidades a las compañías que estudien sumarse a una práctica que ya realizan firmas de otros países, y por la que la Generalitat Valenciana también apostará el próximo año.
La enmienda de la formación aliada con Compromís plantea un "Proyecto piloto de Complemento de Reducción por Jornada Laboral". La dotación del mismo sería de 50 millones de euros, que se canalizarían a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que es la estrategia diseñada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para invertir los fondos europeos. Esta cantidad millonaria no es definitiva, y podrá ajustarse conforme avance la negociación. Fuentes de Más País-Equo aseguran que no tendrían problema en rebajarla si fuera necesario para que su planteamiento salga adelante. Mientras que desde el departamento de María Jesús Montero señalan que "no hay nada cerrado" y que las negociaciones continúan.
De salir adelante, esto no implicaría dar un giro total al modelo actual de las 40 horas semanales. La novedad sería que el Gobierno tendría un fondo reservado de manera exclusiva para esta materia. Lo que facilitaría que todas las empresas que quisieran probar esta nueva receta laboral contaran con el respaldo público necesario para reducir la jornada semanal de las 40 a las 32 horas. Una ayuda que se traduciría en un respaldo a los salarios o en subvenciones directas para contratar los empleados necesarios. El fin es que la productividad no se resienta por librar tres días en lugar de dos, según las fuentes consultadas. Quienes gestionarían ese apoyo para las firmas interesadas serían las comunidades autónomas, que lo recibirían en forma de transferencias debido a que ostentan las competencias de empleo.
Los de Íñigo Errejón han defendido un cambio laboral de este tipo desde que nació su partido. De hecho, fue una de las propuestas estrella de su programa electoral, estableciendo en la misma que no hubiera pérdida de salario para los trabajadores aunque trabajaran un día menos. En la justificación de la enmienda, Más País explica que esta reducción de la jornada está alineada con los "avances tecnológicos" y que es "una demanda histórica del movimiento obrero y sindical". Otros argumentos para impulsarla son "la ganancia de soberanía vital y derecho al tiempo libre" para fomentar la conciliación y un "desarrollo pleno de la personalidad humana". Lo que, a su juicio, ayudaría a fomentar "una participación ciudadana adecuada en los asuntos públicos".
Pero en Más País son conscientes de que cambiar por completo el modelo de relaciones laborales es complicado. Según lamentan, hay un "estancamiento que no se corresponde con los aumentos de productividad que ofrecen las nuevas tecnologías". Esta circunstancia es definida por los de Errejón como un "mantenimiento de una jornada laboral artificiosamente alta", la cual "tiene efectos perversos en la segmentación del mercado de trabajo". Y que consideran que está provocando "un desempleo estructural con jornadas excesivas, que terminan resintiendo la salud laboral nacional", recoge el texto de la enmienda. Unas denuncias que se resumen en que "trabajamos muchas más horas que en otros países pero no somos tan productivos como deberíamos", añaden las fuentes de la negociación.
Entre los beneficios que la formación de Errejón vincula a las 32 horas semanales se encuentra un aumento del rendimiento y una mejora de la productividad por hora trabajada. También "puede tener efectos ambientales muy positivos, ya que posibilitaría pautas de consumo menos compulsivas y más sostenibles". Otro de los ejemplos que citan es que supondría un respaldo a las políticas frente al cambio climático, al asegurar que con un día menos de trabajo, habría menos desplazamientos que contribuyen a la contaminación de las ciudades. "Resulta fundamental testear un proyecto piloto de reducción de la jornada laboral para evaluar sus impactos entre empresas y trabajadores de cara a reorganizar las relaciones laborales españolas en el siglo XXI", incide la enmienda a los PGE.
Valencia, la primera
El Gobierno central no sería la primera administración en llevar a cabo una acción para facilitar que las empresas instauren la nueva semana laboral. El proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana ya incluye una partida de cuatro millones de euros para este fin. Un programa que es una de las apuestas del secretario autonómico de Empleo y Director General de LABORA, Enric Nomdedéu, que pertenece a Compromís. En conversación con La Información, el alto cargo valenciano explica que llevan "dos años trabajando en la propuesta" y que hay varias compañías que ya se han mostrado interesadas en que les ayuden para llevarla a cabo. Un modelo que ya se ha empezado a discutir con la patronal y los sindicatos. Pero aún no hay un acuerdo para dar pasos más ambiciosos, ya que "los empresarios son más reticentes y las centrales ven un futuro interesante", admite Nomdedéu.
Lo que sí admite el responsable de Empleo valenciano es que "aún no sabemos cómo va a funcionar", ya que apenas están empezando. Aunque destaca que todos las experiencias de otros países, como la de las 28 horas semanales de la metalurgia alemana o la semana de cuatro días en Nueva Zelanda "están dando buenos resultados". "Nos han dicho a veces que vamos rápido, y luego llegó la pandemia y el teletrabajo resultó clave", recuerda Nomdedéu sobre una práctica que acompañaría a esa reducción de la jornada de la plantilla.
Lo que no debería ocurrir, a su juicio, es que se concentre en cuatro días lo que ahora se trabaja en cinco. "Si hay ayudas públicas es para que eso se evite. Las subvenciones serían para compensar los contratos extra que se necesitaran, ya que la empresa no puede perder dinero. El fin es solucionar el problema de productividad y emplear a una carga de trabajo que actualmente no utilizamos", añade el gestor de la Generalitat. Sobre la aplicación del proyecto a nivel estatal, recuerda que el Gobierno recibirá 4.000 millones del plan SURE. Su destino inicial son los "regímenes de reducción de tiempo de trabajo durante la pandemia para proteger el empleo", como señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Pero que también podría utilizarse para la semana laboral de cuatro días, según Nomdedéu.
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