Hacienda permitirá a los ayuntamientos invertir el superávit por la vía del decreto

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda le ha anunciado que aprobará una norma con rango de ley para permitir a las entidades locales invertir este año el superávit de 2018, en línea con lo previsto en el proyecto de Presupuestos del Estado que no se llegó a aprobar.

Caballero ha explicado este asunto tras la última reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP antes de las elecciones municipales de mayo y celebrada este martes en Madrid.

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Según la Federación, el ministerio que dirige María Jesús Montero ha enviado a la entidad local una "confirmación" de que el Gobierno va a aprobar una norma para dar ese permiso a los ayuntamientos; podrán así gastar en 2019 el superávit del año pasado en un ámbito de inversiones financieramente sostenibles "más amplio" que el que ya tienen.

El contenido de esa norma será "similar" a lo recogido en el proyecto de Presupuestos del Estado para este año que, finalmente, no fue aprobado por el Congreso. En esa propuesta, se planteaba ampliar el tipo de inversiones sostenibles a las que los consistorios pueden dedicar el superávit, de manera que se incluyan la financiación de las escuelas infantiles, el fomento del empleo y la construcción, y la rehabilitación de viviendas.

Desde el Ministerio de Hacienda se ha confirmado a Europa Press que se está trabajando en una norma que, de aprobarse, será un decreto ley, pero no se ha precisado el contenido ni cuándo podría ver la luz.

También en materia económica, la Federación ha acordado este martes pedir que se apruebe mediante decreto una reforma de la normativa sobre plusvalías para "acabar con la inseguridad jurídica a la que consistorios y ciudadanos se siguen enfrentando".

El Tribunal Constitucional anuló el impuesto en 2017 y avaló que los contribuyentes no lo pagaran cuando la venta de la vivienda les generase pérdida. El año pasado, el Tribunal Supremo estableció por su parte que los ciudadanos tengan que demostrar la pérdida para no pagar plusvalía.