Fue uno de los puntos más peliagudos de la negociación del acuerdo para la mejora de las condiciones de los empleados públicos firmado en marzo de 2018 por el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y los sindicatos más representativos de la Administración. Montoro, que apenas había esperado al segundo Consejo de Ministros del Gobierno Rajoy en 2012 para liquidar la jornada de 35 horas en la Administración aprobada por Zapatero y reimplantar la jornada semanal mínima de 37,5, se negaba en redondo a reabrir de nuevo esa puerta, mientras que los sindicatos hicieron de esa medida una condición 'sine qua non' para rubricar cualquier acuerdo con el Gobierno.
Agobiado por la presión política y ante la expectativa de un sonoro acuerdo que garantizara la paz en la Administración para lo que (entonces parecía) restaba de legislatura al Gobierno de Rajoy, Montoro cedió. Pero puso sus condiciones. El acuerdo con los funcionarios incluyó la posibilidad de que las Administraciones Públicas implantaran la jornada de 35 horas para sus empleados, pero siempre que la Administración en cuestión cumpliera con sus objetivos de consolidación fiscal: déficit, deuda y regla de gasto. En otras palabras, se podría, pero siempre que el Gobierno de turno fuera modélico en su gestión presupuestaria.
Los sindicatos albergaban la secreta esperanza de que ya sin el PP en el Gobierno y con un gabinete socialista - que ya en lugares como Andalucía o Extremadura había demostrado su intención de recuperar la jornada de 35 horas incluso sin contar con el soporte jurídico para hacerlo - la reinstauración de la jornada de 7 horas diarias sería cuestión de tiempo. Sin embargo, no parece que vaya a ser así. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha eludido cualquier referencia a la jornada de 35 horas en su propuesta de Instrucción de Jornada y Horario para la Administración General del Estado.
El asunto no es irrelevante, ya que esa instrucción es la que regula las condiciones de jornada laboral y horario de trabajo de todos los empleados a sueldo del Estado y no incorporar ni una simple mención al asunto lanza el mensaje de que la cuestión se demora como mínimo a corto plazo. Un dato: la última instrucción de este tipo se reguló hace siete años. El Gobierno se la acaba de trasladar a los sindicatos para recibir sus aportaciones, aunque dejando bien sentado que la instrucción no se someterá a negociación y que la idea es aprobarla el próximo jueves.
El 'olvido' ha corrido como la pólvora entre los trabajados de la Función Pública. Las plataformas internas de comunicación con sus afiliados de los sindicatos mayoritarios en la Administración del Estado - UGT, CCOO y CSIF - han subrayado la omisión de las 35 horas de la propuesta gubernamental. El argumento del Gobierno es que la Administración del Estado no ha cumplido con el objetivo de déficit que tenía asignado para el año 2018 y que por tanto no procede activar el mecanismo que, según lo previsto en el acuerdo de marzo pasado, permitiría iniciar la implantación de las 35 horas en este ámbito.
La argumentación del Gobierno no ha terminado de convencer a los sindicatos, que critican abiertamente que la propuesta del Ejecutivo ni siquiera mencione un asunto que el Gobierno del PP sí incluyó en el acuerdo firmado con ellos y que por tanto es un compromiso que habrá que desarrollar tarde o temprano.
Fuentes del sindicato CCOO ya han avanzado que presionarán al Ejecutivo para que se incluya alguna referencia indirecta al asunto en su instrucción de jornada. Su propuesta es que la instrucción recoja al menos un cambio en la referencia oficial a la jornada semanal de 37,5 horas que rige actualmente en la Administración, de modo que en lugar de decir que ésa será la 'jornada mínima' que los empleados públicos del Estado deben cumplir - tal y como se reguló en 2012- se consigne como 'jornada máxima', de modo que se abre la expectativa de reducción de esa jornada semanal hacia el objetivo sindical de las 35 horas y también que se abra un margen de flexibilidad para que los organismos de la Administración del Estado puedan instrumentar medidas de reducción puntual de la jornada a través del calendario laboral, las medidas conciliación, la movilidad sostenible u otro tipo de estrategias.
El sindicato CSIF también ha lamentado que el Gobierno haya desaprovechado esta oportunidad - al menos en su propuesta inicial - para avanzar aunque fuera formalmente en el compromiso de reimplantar las 35 horas en la Administración del Estado, un objetivo, han advertido, que es irrenunciable para el sindicato.
Desde que el acuerdo de mejora de las condiciones de los empleados públicos abriera esa puerta comunidades autónomas como La Rioja, Castilla La Mancha o Extremadura ya han anunciado que recuperarán la jornada semanal de 35 horas para sus empleados.
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