Información del Parlamento catalán sobre la banca ira a fiscalía de Cataluña

Barcelona, 22 abr.- La información aportada por los comparecientes en la comisión de investigación del Parlamento catalán creada para analizar la actuación de la banca en Cataluña se remitirá a la fiscalía para que determine si cabe algún tipo de actuación.

Así lo solicitan explícitamente la mayoría de grupos parlamentarios, entre ellos CiU, PSC e ICV-EUiA, en sus propuestas de conclusiones de esta comisión que arrancó en julio de 2013 y que acabó sus trabajos el pasado mes de febrero, por lo que se da por supuesto que la propuesta prosperará y será aprobada en pleno.

El reglamento del Parlamento establece que las conclusiones de una comisión de investigación aprobadas por el pleno de la Cámara deben ser "comunicadas al Govern, sin perjuicio que la Mesa del Parlament también pueda comunicarlas al Ministerio Fiscal".

Sin embargo, además de llegar a la fiscalía del TSJC, las conclusiones irá previsiblemente además a la Fiscalía General del Estado.

Y es que el grupo de CiU plantea, al final de su escrito de conclusiones, que se transmita "la información obtenida por esta comisión, ya sea documental o fruto de las comparecencias, a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Catalana de Consumo, para que, si corresponde, incorporen esta información a procesos judiciales abiertos en relación a las gestión de las entidades financieras".

Por su parte, la diputada del PSC Alícia Romero ha asegurado en rueda de prensa en el Parlamento que su grupo pedirá que la transcripción de todas las comparecencias de la comisión se remitan al ministerio fiscal para que este decida si caben responsabilidades de algún tipo, una petición que también hace ICV-EUiA en su escrito de conclusiones.

El documento de CiU, que admite deficiencias en la gestión de algunas antiguas cajas catalanas, pide al Gobierno catalán y a las autoridades estatales que aumenten los recursos del sistema judicial para tratar casos relacionados con las participaciones preferentes y otros productos financieros, y que contemplen incluso "nuevos juzgados especiales" para resolver esta problemática.

Asimismo, este grupo recomienda abrir "un nuevo proceso de aceptación de procesos de arbitraje" para incorporar los casos de afectados por participaciones preferentes y otros productos financieros similares por valor igual o inferior a los 6.000 euros.

El PSC pide que los pisos de la Generalitat no puedan venderse a fondos especulativos o bien que las entidades nacionalizadas permitan la dación en pago.