La asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) considera que hay margen para reducir el límite mínimo de deuda para aparecer en el listado de morosos que publica la agencia estatal de administración tributaria (AEAT). Desde el pasado año, el límite se ha reducido desde el millón de euros hasta los 600.000 euros, pero los inspectores creen que se podría rebajar todavía más, hasta los 300.000 euros. Además, opinan que la información que hace pública la AEAT no es suficiente y que se debería incluir "el nombre del administrador principal" o establecer sanciones para los morosos, como "la imposibilidad de crear más empresas", según ha explicado Julio Ransés, presidente de la asociación de inspectores que ha presentado este miércoles sus propuestas contra el fraude fiscal.
En total, han enviado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, 123 propuestas con las que consideran que "se podría recaudar más y de forma más justa" que con una eventual "subida de tipos de los impuestos, como plantea el comité de expertos para la reforma fiscal". Los inspectores proponen tener más competencias para investigar y luchar contra el fraude y ponen como ejemplo el archivo por parte de la Fiscalía de las causas contra el Rey emérito. "La opinión pública se ha quedado con la idea de que Hacienda no ha hecho nada. Queremos competencias que nos permitan investigar delitos, para comprobar delitos, y no como ahora que estamos obligados a la judicialización temprana", ha insistido Ransés.
El documento también incluye una propuesta para reformar el concepto de residencia fiscal, algo en lo que también hicieron hincapié los catedráticos que elaboraron el libro blanco para la reforma fiscal. IHE considera oportuno que se reduzca el número de días -actualmente fijado en 183- que se establece como requisito para ser reconocido resiente fiscal. Ransés opina que España está en clara desventaja frente a países como Suiza donde el límite está en los 30 días. En esta línea, también exigen que se regule la definición de "núcleo de intereses económicos" para así poder definir con más exactitud si se refiere a patrimonio, a actividad laboral o al mercado al que ésta va dirigida".
El presidente de la IHE también se ha pronunciado sobre la modificación reciente del modelo 720, tras la sentencia europea que calificó de desproporcionadas las sanciones establecidas por la AEAT. En este sentido, ha propuesto que sean "graduables" en función de si los bienes no declarados están en un país de la Unión Europea, lo están en un país que colabore con España o sea miembro de la OCDE o, por último, y con sanciones más graves, esté en un paraíso fiscal. Además, para los residentes en España con bienes o derechos en paraísos fiscales, solicitan plazos de prescripción ampliables y no estándar como los que se han fijado a través de una enmienda.
Sobre las sanciones a Rusia y la declaración del país como "paraíso fiscal", Ransés cree que es "razonable" que la Unión Europea lo haya incluido en la "lista gris", por tener un sistema fiscal perjudicial y que apenas grava las rentas extranjeras. Entre las propuestas también está la limitación de los pagos en efectivo e incluso plantean que estos se reduzcan a cero entre sociedades para que las transacciones puedan tener mayor trazabilidad y sean más transparentes de cara al fisco. Los inspectores también apuestan por la creación de una policía fiscal y que las empresas designen una "tax room", es decir, un espacio de "libre acceso a la administración tributaria" en la que se almacenen todos los documentos relativos a la contabilidad, las facturas, la justificación de operaciones, así como justificantes de deducciones y bonificaciones fiscales.
Ransés ha destacado que el impuesto sobre hidrocarburos tiene un "fraude desmedido" aunque no está cuantificado por parte de la asociación de inspectores. El presidente ha explicado que el hecho de tener un tipo impositivo muy alto hace que sea "muy rentable" defraudar. Por ello, solicitan que la declaración de este impuesto sea mensual y no trimestral, para que la AEAT pueda tener un mayor control sobre los contribuyentes.
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