Los inversores afectados por los recortes a las primas de las renovables están formando un frente común para encontrar una solución pactada con el Gobierno con la que dar carpetazo a los laudos pendientes. Las empresas han realizado una serie de viajes a España en abril -aunque tendrían que haberse producido a principios de año- como primera toma de contacto y en mayo tienen previsto volver para seguir avanzando en sus contactos con instituciones públicas y partidos políticos.
El objetivo de las compañías es ahondar en la ofensiva legal y explorar fórmulas que ayuden a solucionar el problema. Sobre este segundo punto, se empiezan a manejar propuestas que podrían salir a la luz antes de verano, orientadas a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo que resuelva el problema, según detallan los propios inversores a La Información. "Existe la voluntad de trabajar juntos y ofrecer antes de verano o en verano una propuesta de salida de la actual situación que permita explorar fórmulas para zanjar de una ver por todas todo este asunto de la manera más satisfactoria", subrayan en conversación con este medio.
En este sentido, las empresas afectadas han empezado a trabajar juntas para sumar fuerzas y, además de "ofrecer información con transparencia sobre las nuevas sentencias que se han ido sucediendo en los últimos años", avanzar de la mano hacia posibles soluciones que luego plantearán al Gobierno, a la oposición y a la opinión pública, como fórmula que permita atajar los problemas que han generado los impagos. Nick Cherryman, socio de Kobre & Kim LLP; Nikos Lavranos, fundador de NL Investment Consulting, y Lena Sanderb, socia de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, visitaron Madrid en junio del año pasado.
España ha perdido 26 procedimientos internacionales
Los inversores aseguran que las últimas sentencias a su favor les da alas y confianza para seguir litigando, aunque son conscientes de la situación de España, que califican de "inaudita", ya que ha perdido 26 procedimientos internacionales por la retirada retroactiva de las primas renovables y debe cerca de 1.800 millones a las empresas afectadas, en concepto de indemnizaciones, intereses de demora y condenas en costas.
Un comité 'ad hoc' del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial, ha tumbado recientemente el pedido de anulación que solicitaba el Gobierno español en relación con la condena impuesta al país en el caso que afecta a la alemana RWE. El panel de juristas acordado por ambas partes en el marco jurisdiccional del CIADI se ha pronunciado a favor de la compañía germana, rechazando así el razonamiento de la Abogacía General del Estado, que consideraba que el tribunal se extralimitó en sus facultades al condenar a España.
De este modo, el comité valida la sentencia original del CIADI, en la que se indicaba a España que no puede invocar el Derecho de la UE para eludir sus compromisos en materia de derecho internacional como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía. El arbitraje del caso RWE arrancó en diciembre de 2014. La decisión original se publicó en 2019 y exigió a España una serie de compensaciones en relación con siete plantas de energía renovable que vieron alteradas sus condiciones financieras a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables. La condena impuso a España un pago de 28 millones de euros a la empresa.
Los arbitrajes resultan en embargos de activos soberanos
Además, el tribunal regional de Essen (Alemania) ha frenado el intento del Reino de España para que RWE no pudiera desarrollar su denuncia en Estados Unidos. La Abogacía del Estado contrató al despacho Simmons & Simmons LLP y se llegaron a pedir multas de más de 250.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los abogados de RWE que prosiguiesen el intento de registrar el laudo ante la magistratura estadounidense.
Los arbitrajes ya han resultado en el embargo cautelar de activos soberanos del Reino de España ubicados en Reino Unido, caso de la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica ligada a la comunidad autónoma de Cataluña o una cuenta bancaria-. También se ha intervenido de forma parcial el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del barco petrolero Prestige, valorado en más de 900 millones de euros. Por otro lado, en Australia ya se ha emitido una sentencia de la Corte Suprema que avanza procesos similares orientados a resarcir a las empresas denunciantes, mientras que en Estados Unidos hay casi una decena de denuncias en vías de tramitación.
España consigue anular tres laudos
En el lado opuesto, el CIADI ha exonerado a España de abonar los 175 millones de euros que reclamaban la empresa suiza EBL y la española Tubo Sol PE2 SL. De hecho, el tribunal ha ordenado a las demandantes a pagar a España 214.808 dólares (199.000 euros) por la parte que se utilizó de los anticipos que el Estado realizó al CIADI, y cerca de 1,9 millones de euros en concepto de honorarios legales y gastos. La Abogacía del Estado ha logrado también anular en Suiza un tercer laudo que condenaba a España a indemnizar con 10,5 millones a Triodos Sicav II, vehículo de inversión perteneciente al Grupo Triodos Bank, según avanzó Expansión.
En abril de 2023, Blasket Renewable Investments solicitó la suspensión de pagos (default) de cuatro emisiones de bonos tras la negativa del Gobierno a pagar los laudos pendientes, específicamente en relación con el caso Infrared. De su lado, el fondo galo Antin desistió voluntariamente de iniciar nuevos arbitrajes contra España dentro del proceso de opa sobre la compañía de energías renovable Opdenergy, al considerar que la seguridad jurídica está garantizada. Sin embargo, hay que recordar que Antin traspasó los derechos del pleito a la Sociedad luxemburguesa Energy Investments.
El Estado perdió el primero de los arbitrajes en 2017. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg. Las denuncias se centran en los recortes a la energía solar y a la termosolar y reclaman al país unos 10.600 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.
Según fuentes del Ejecutivo, los pagos pueden ser contrarios al derecho de la Unión Europea y constituir una Ayuda de Estado ilegal, incompatible con el mercado interior. En este sentido, indican que, en consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas y no puede pagar antes de que la Comisión Europea se pronuncie.
¿Qué pasó con las primas a las renovables?
Durante la década de los años 90 se estableció un sistema de primas para incentivar a los productores de energías renovables en España. Posteriormente, el Real Decreto 661/2007 estableció una banda de incentivos ofrecidos a los inversores que desarrollasen instalaciones 'verdes'. El mecanismo fijaba límites máximos y mínimos para la cantidad de ayuda percibida por los productores. De esta forma, si la suma de las primas y el precio del mercado superaba el techo, los generadores recibían el límite máximo establecido. En cambio, si dicha suma era inferior al precio mínimo, se les blindaba el cobro del suelo predeterminado.
Mientras los costes de estas tecnologías empezaron a disminuir, las primas siguieron en pie sin modificaciones, motivando un 'boom' en la capacidad de generación renovable instalada en el país. Las primas habían sido diseñadas para asegurar una rentabilidad de entre el 5% y el 9%, aunque las reales se situaron entre el 10% y el 15%. De este modo, sobre todo a partir del año 2010, estos incentivos se fueron suprimiendo. Por ejemplo, se recortaron las retribuciones para fijar un máximo de horas de producción al año.
