Las empresas afectadas por las primas a las renovables aprietan. Llevan meses esperando su oportunidad y ha llegado el momento de retomar el contacto con todos los actores políticos una vez conformado el Gobierno y tras que España cerrara el curso pasado con el doble de deuda y hasta 15 laudos pendientes.
Nick Cherryman, socio de Kobre & Kim LLP; Nikos Lavranos, fundador de NL Investment Consulting, y Lena Sanderb, socia de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, visitaron Madrid en junio del año pasado poco después del adelanto electoral y fuentes del sector aseguran a La Información que una nueva comitiva llegará a Madrid a finales de enero o principios de febrero para buscar un acercamiento, ofrecer soluciones y salvar así cualquier obstáculo político.
En un principio, la intención de las empresas afectadas era establecer esa toma de contacto, tanto con parte del Ejecutivo como con la oposición, a finales de verano del año pasado, pero la incertidumbre se impuso ante el 'vacío' político que se derivó después de las elecciones del 23-J con la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, un acuerdo de Gobierno para investir a Pedro Sánchez que se cerró casi a finales de noviembre y luego la posterior conformación del Ejecutivo.
España tiene laudos pendientes por 1.200 millones
"Todo ha sido muy lento y ha imperado la incertidumbre. Hasta ahora, y muy nuestro pesar, nos quedaba otra que esperar. Una vez superado ese periodo de 'interinidad' y de incertidumbre, la intención es retomar el contacto. No hay fecha cerrada, pero la intención es que se produzca a finales de enero o en la primera mitad de febrero. Apuntamos a hablar con el Gobierno, pero también con las distintas instancias y organismos oficiales", aseguran las mismas fuentes.
En 2023, España elevó a 15 el número de laudos impagados en relación con el recorte a las renovables, en comparación con los ocho con los que cerró el ejercicio precedente, y se sitúa como el tercer país del mundo con más obligaciones ligadas a estas indemnizaciones, con 1.300 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros). De este modo, en tan solo un ejercicio se ha duplicado la cantidad pendiente de abonar por el Estado. Solo Rusia y Venezuela superan a España en cuanto a indemnizaciones con 60.100 millones de dólares (54.690 millones de euros) y 7.100 millones de dólares (6.460 millones de euros), respectivamente, según la última edición del Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales, elaborado por NL Investment Consulting.
"Creemos que este 2024 tiene que ser el año de resolver este problema. Pensamos que se puede si hay altura de miras por parte de todas las partes. Y nosotros vamos a poner soluciones encima de la mesa para facilitar el entendimiento y salvar cualquier obstáculo político. Las haremos públicas también, no vamos a estar escondiendo nada, sino todo lo contrario", añaden las fuentes.
Las compañías consultadas se agarran a que durante los meses de espera en los que se conformaba el nuevo Gobierno se ha reforzado la jurisprudencia en favor de los inversores que sufrieron los recortes con nuevas condenas y fallos a su favor. También se han autorizado nuevos embargos. "Ahora nos toca dar un paso más, consiguiendo un acercamiento y planteando soluciones que sirvan y duren", subrayan.
Quedan 25 casos para los que aún no se ha emitido laudo
En lo que se refiere al Tratado de la carta de la Energía (TCE), el número de casos abiertos contra España es el más alto del mundo (51), muy por delante de Italia (14) y Rumanía (8), donde el grueso de los laudos sí se han resuelto. La Unión Europea ha certificado su salida del TCE, pero la cláusula de salida de dicho acuerdo mantiene su vigencia durante un periodo de 20 años. Por lo tanto, todas las inversiones materializadas con el TCE en vigor y todas las que se realicen en las dos décadas posteriores a la salida del acuerdo siguen siendo vinculantes. De hecho, aún hay 25 casos para los que todavía no se ha emitido un laudo definitivo. Se estima que al menos el 80% de estos expedientes se resolverá de forma satisfactoria para los denunciantes, elevando a una horquilla de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares (entre 1.820 y 2.280 millones de euros) el monto final de las indemnizaciones pendientes de pago a los inversores afectados.
El Estado perdió el primero de los arbitrajes en 2017. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg. Las denuncias se centran en los recortes a la energía solar y a la termosolar y reclaman al país cerca de 10.000 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables. Según fuentes del Gobierno, España se resiste a realizar los pagos porque cree que "pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal"
