Las empresas afectadas por las primas a las renovables aprietan a un mes de las elecciones generales del 23 de julio. Los laudos pendientes de pago que España acumula en los tribunales internacionales de arbitraje alcanzan los 1.300 millones de dólares (1.200 millones de euros), según el Índice de Cumplimiento de Arbitrajes Internacionales. Esta cifra excluye los intereses de demora, las condenas en costas y los gastos desembolsados por el país para la contratación de abogados. En total, estas obligaciones se sitúan por encima de los 250 millones de dólares.
En concreto, España se ha visto inmersa en 55 disputas internacionales y la práctica totalidad corresponde con el sector de la energías renovables. Nikos Lavranos, fundador de la consultora holandesa NL Investment Consulting y coautor de la publicación, destacó este martes en rueda de prensa en Madrid que España es el segundo país con mayor número de laudos pendientes de pago, situándose a la altura de Venezuela o Rusia. Todos se han canalizado a través del Tratado de la Carta de la Energía o distintos tratados bilaterales de inversión enmarcados dentro del derecho comunitario de la Unión Europea (UE). Según fuentes jurídicas, cuando se resuelvan todos los procesos, el coste se elevará a entre 2.000 y 2.500 millones de euros, lo que supone alrededor del 0,2% del PIB.
"Si España no paga, puede animar a otros a seguir por esa línea y engordar la lista de incumplidores"
"España está debilitando el nivel de confianza de los inversores y tarde o temprano tendrá que pagar", subrayó Lavranos, que estuvo acompañado por Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim LLP, y Lena Sanderb, socia del despacho californiano Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Los tres aprovecharon el viaje a la capital española para reunirse con actores del sector político (y también empresarial) e instaron al Gobierno que salga del 23-J a "limpiar el pasado" y avanzar en un "marco regulatorio que siga atrayendo a inversores". "Es un error desde el punto de vista financiero que el Estado español no quiera pagar. Si España no paga, puede animar a otros a seguir por esa línea y engordar la lista de incumplidores", indicó Cherryman.
No obstante, pese a que el sector privado ha venido denunciando inestabilidad regulatoria, el último informe Renewable Energy Country Attractiveness Index (Recai), elaborad por la consultora EY, mantiene a España como el octavo país del mundo más atractivo para invertir en renovables, por detrás de Estados Unidos, Alemania, China, Reino Unido, Francia, India y Australia.
Primer laudo perdido
El Estado perdió el primero de los arbitrajes en 2017. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg. Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. En total invirtió 935 millones de euros en tres plantas en 2007, año en el que se aprobó el Real Decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despliegue de las energías 'verdes'. No obstante, el sector fue sometido recortes retributivos posteriormente. El primero de ellos se produjo a finales de 2010, con el PSOE, y luego en 2013 con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Partido Popular.
El Ciadi continúa emitiendo pronunciamientos favorables a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. El último que se ha conocido es el que afecta a la alemana BayWa, que deberá recibir una indemnización de 22 millones de euros. El Gobierno también deberá afrontar el pago de 480.000 euros por intereses de demora (cifra que aumentará si no se produce en el corto plazo) y de 370.000 euros por la condena en costas. España. El Estado tiene 15 laudos pendientes de pago, mientras ha resultado favorable en nueve. Hay otros 25 pendiente de publicación y cinco se han cerrado mediante acuerdo.
Ayudas ilegales
RWE, Renergy, Triodos, Nextera, Cube, Soles Badajoz o Eurus son algunos de los afectados por los arbitrajes. El fondo Antin, que recientemente ha lanzado una opa sobre la española Opdenergy, era otro de los grandes afectados. Este traspasó los derechos del pleito a la Sociedad luxemburguesa Energy Investments. Según fuentes del Gobierno, España se resiste a realizar los pagos porque cree que "pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal". El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, acumula casi una quincena de contratos en lo que va de año entre despachos de abogados, asesores legales y expertos. Las adjudicaciones suman un importe total de 4,8 millones de euros.
Todo lo relacionado con la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera de los gastos y las contrataciones que sean precisos para la defensa de los intereses del país en los arbitrajes de las renovables está ahora en manos de la Abogacía del Estado.
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