Iratxe García: Eurocámara no votará una reforma de la PAC si hay más ajustes

Bruselas, 2 oct.- La diputada española del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha explicado hoy que hay consenso en la Eurocámara para no votar a favor de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2013 si recoge más ajustes.

Así lo ha asegurado García en un encuentro con periodistas en el que ha recordado que la propuesta actual de la Comisión Europea ya recoge una rebaja real de los fondos para el período 2014-2020 (no se ajusta a la inflación y, además, plantea repartir el mismo gasto de 15 países a los 27 actuales de la Unión Europea).

A su juicio, se plantea una dura negociación del marco financiero plurianual, del que dependerá el cheque agrícola, puesto que hay países que defienden recortes ante el escenario económico actual

Entre las hipótesis más factibles, ha señalado que haya retrasos en la toma de decisiones sobre el presupuesto de la Unión Europea para 2014-2020 en un contexto de incertidumbres económicas y sociales.

Actualmente, se baraja que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo -ahora con poder de codecisión-, logre ponerse de acuerdo en votar los informes que han realizado varios ponentes -se han presentado más de 7.000 enmiendas- en noviembre y llevar a Pleno de la Eurocámara, aunque no se pronunciarán de forma definitiva hasta que esté aprobado el nuevo marco financiero.

Entre sus demandas, García ha pedido una dotación presupuestaria suficiente, flexibilidad en su aplicación, mantenimiento de las cuotas de producción de azúcar y leche y la no liberalización de los derechos de plantación del viñedo.

También plantea que se dé un estatus especial de transición para que regiones que ya no son Objetivo 1 de la Unión Europea puedan seguir recibiendo fondos del desarrollo rural y, que dentro de este capítulo, se tengan en cuenta las necesidades especiales del regadío.

De igual modo, defiende ayudas acopladas para los ganaderos y una flexibilización de los criterios sobre el "greening", requerimientos medioambientales para recibir las ayudas, y la rotación de cultivos para adaptarlo a la realidad y diversidad de la agricultura mediterránea.

Por otra parte, apoya la puesta en marcha de instrumentos de regulación de mercados, con apoyos al almacenamiento privado e intervenciones públicas, así como una limitación de las hectáreas elegibles o con derecho a ayudas para evitar una pérdida de apoyos a los agricultores.