Juez pide a Banco de España investigar los créditos dados a directivos de CAN

Pamplona, 16 may.- La juez que investiga las dietas de Caja Navarra (CAN) ha pedido al Banco de España que designe un perito para determinar si los créditos otorgados a los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control y sus familiares se ajustaron al mercado o hubo irregularidades.

Así se recoge en un auto hecho público hoy por la titular del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, quien investiga las polémicas dietas percibidas por los miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de la Caja.

En el auto, la juez pide al Banco de España que designe un perito de entre el cuerpo de inspectores de la entidad a fin de que valore la documentación sobre los créditos recibidos en el juzgado de parte de Caixabank, la entidad que absorbió Caja Navarra, cuando esta ya estaba dentro de Banca Cívica.

La juez plantea que el perito analice las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la Caja, familiares de primer grado o empresas para determinar si concurre algún tipo de irregularidad.

En concreto, si "las operaciones financieras remitidas son acordes a las normas del mercado financiero vigentes en el momento de su otorgamiento, teniendo en cuenta los informes de riesgos y demás datos contenidos en los respectivos expedientes, o bien si se aprecian irregularidades en su otorgamiento", según el auto.

En el mismo, la juez ha ordenado que hoy mismo agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil se trasladen a la sede de Caja Navarra para realizar una pericial sobre los servidores de la entidad para recabar información sobre las actas de reunión de los órganos directivos de la caja.

Al respecto, pretende determinar su fecha de creación y si han sido modificados de servidor los archivos informáticos que contienen las actas de las sesiones de reporte de la Comisión Permanente y de la Junta de Entidades Fundadoras, cuyas reuniones son el origen de las polémicas dietas.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que los agentes, con un secretario judicial, están en la sede de la entidad financiera cumpliendo el oficio de la juez, que ha reclamado a la caja nueva documentación para completar lo solicitado por su juzgado.

Este auto ha coincidido hoy con otra providencia de la juez en la que ha citado a declarar como imputado, el 24 de mayo, al exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi.

Este exalto ejecutivo de la entidad navarra se convierte en la cuarta persona imputada por las polémicas dietas de la CAN, tras el expresidente de la Comunidad Miguel Sanz; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero de Economía Álvaro Miranda.

Estos tres, destacados miembros de Unión del Pueblo Navarro (UPN), ya han prestado declaración como imputados ante la juez y han devuelto las dietas que percibieron como miembros del Comité Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, como lo ha hecho la presidenta, Yolanda Barcina, también miembro de esos órganos aunque no está imputada en la causa.

La decisión de la juez se produce un día después de que la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra desestimara los recursos de queja formulados por las defensas del expresidente Sanz y Enrique Goñi contra el mantenimiento de la investigación de las dietas en el juzgado pamplonés.

La juez María Paz Benito investiga el pago y cobro de las dobles y triples dietas, así como la de los presuntos créditos concedidos a familiares y empresas participadas del grupo a tipos de interés inferiores al ordinario, tras negarse a remitir las causas a la Audiencia Nacional.

Este Alto Tribunal investiga las denuncias hechas por la organización Kontuz y el partido UPyD contra los consejeros delegados de Banca Cívica (Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol), por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, administración fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica y financiera durante el proceso de salida a Bolsa.