El magistrado de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha decidido mantener en prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la que se encuentra desde el pasado mes de noviembre, debido a que el riesgo de fuga no se ha reducido pese al tiempo de instrucción transcurrido desde el inicio de la operación 'Tándem'.
El instructor aclara en un auto que a este motivo se suma la pena de carácter grave que pudiera imponérsele en sentencia y que las líneas de investigación de esta causa siguen abiertas. En concreto, el comisario está siendo investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.
Además, le reprocha la “absoluta falta de colaboración del investigado con la instrucción del procedimiento", ante los requerimientos realizados por el juzgado en toda la fase de instrucción sobre los archivos de información que dice ser clasificada relativa a la defensa o seguridad nacional.
No es la primera vez que el magistrado le pide que detalle cuál es el riesgo real de acceder a los dispositivos que se le incautaron en los registros de sus domicilios de Estepona (Málaga) y Madrid. En una providencia a la que tuvo acceso La Información, el juez ya le afeó que, en vez de colaborar con las pesquisas, se estaba limitando a mantener que no se podía acceder a ese material ante la existencia de unos peligros intrínsecos “por su condición de colaborador con las instituciones del Estado”.
La decisión del instructor se toma apenas días después de salir a la luz unos audios entre el comisario jubilado y la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se grabaron durante una comida en un céntrico restaurante de Madrid en octubre de 2009. Dichas grabaciones obran ya en la causa después de que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número las solicitara al portal Moncloa.com
No es la primera vez que el magistrado deniega la libertad a Villarejo, ya que en otras ocasiones entendió que seguían concurriendo los presupuestos legales para mantenerle en la cárcel por su implicación en una presunta trama en la cual tanto él como el también comisario Carlos Salamanca introducían en España de forma ilegal a ciudadanos de África a cambio de importantes sumas de dinero.
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