La CE emite mañana su dictamen sobre las ayudas y el futuro del sector naval

Bruselas, 16 jul.- La Comisión Europea (CE) decidirá mañana si exige al sector naval español que devuelva todas o parte de las ayudas recibidas entre 2005 y 2011, calificadas de "ilegales" por Bruselas, una cuestión que está siendo negociada hasta el último minuto y considerada clave para la supervivencia de los astilleros.

"La decisión no se tomará hasta mañana, por lo tanto, según el proceso habitual que se aplica en este tipo de decisiones, no podemos aún decir nada sobre la naturaleza de esta decisión, que no se conocerá, ni estará terminada hasta mañana", dijo la portavoz de la CE Pia Ahrenkilde.

El vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, presentará la decisión a las 09:30 GMT, después de que el colegio de comisarios -el órgano decisorio del Ejecutivo comunitario- debata su propuesta y adopte una postura definitiva.

"La decisión será mañana. Hay un proceso de decisión interno en la CE", insistió el portavoz de Competencia, Antoine Colombani.

El propio presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, para solicitarle un fallo favorable al sector naval español.

Colombani declinó confirmar si Almunia ha puesto una nueva propuesta sobre la mesa que suavizaría las exigencias de devolución de las ayudas, tal y como aseguró este lunes el Gobierno asturiano.

La nueva resolución pactada establecería que la devolución de las ayudas fiscales al sector naval se calcule a partir del año 2007, y no desde 2005, como se había programado.

"La decisión se tomará mañana y los detalles se sabrán mañana", respondió Colombani preguntado por este posible cambio de fechas.

España ha defendido que la devolución de las ayudas se retrasase hasta 2011, momento en el que la CE abrió un expediente a España por esta cuestión, al considerar que hasta ese momento no había una "seguridad jurídica" que apuntara a la irregularidad de las mismas.

El portavoz recordó que la cuestión de la seguridad jurídica "forma parte del dossier desde el principio" y destacó que la posición de Almunia a este respecto es "clara".

Tras el encuentro que mantuvo la semana pasada con la delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, el vicepresidente de la CE defendió que España debería haber "tomado nota" en 2006 de la decisión de la CE sobre la irregularidad del régimen de ayudas "tax lease" de Francia, dado que se trataba de un sistema análogo al suyo.

Durante esa reunión, Almunia planteó a la delegación española una propuesta de devolución de las ayudas suavizada, ya que ésta no afectaría a dos de los tres actores implicados en la construcción naval, los astilleros y armadores, sino que solo se extendería a los inversores.

El sector naval, por su parte, consideró "absolutamente insuficiente" todas las propuestas de flexibilización planteadas por la CE, incluida la aplicación de las devoluciones desde 2007.

Esta última supondría la "la desaparición de los astilleros españoles", según un comunicado publicado hoy por la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar).

Tanto el Gobierno de España como el sector y las comunidades autónomas afectadas estiman que la devolución de las ayudas del 2005 al 2011 podría suponer el retorno de 2.000 millones de euros a las arcas públicas españolas y el cierre de todas las empresas y la desaparición de 87.000 empleos.