La justicia española admite una segunda querella contra Rato por Bankia

  • La Audiencia Nacional española admitió hoy a trámite una querella presentada por el movimiento ciudadano 15M e imputó al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y al antiguo consejo de administración por diversos delitos cometidos supuestamente en la gestión de la entidad después nacionalizada.

Madrid, 10 jul.- La Audiencia Nacional española admitió hoy a trámite una querella presentada por el movimiento ciudadano 15M e imputó al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y al antiguo consejo de administración por diversos delitos cometidos supuestamente en la gestión de la entidad después nacionalizada.

Entre otros, se imputa a Rato y a los demás exdirectivos por estafa, falsedad contable con el fin de captar inversión y administración desleal.

Según la querella de los "indignados", el banco falseó sus cuentas cuando salió a bolsa en 2011 para captar capital, por lo que solicitan penas de entre 1 y 6 años para los gestores de Bankia, inhabilitaciones y multas.

Esta querella se suma a otra admitida el pasado 4 de julio y que fue presentada por el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD), liderado por la exdiputada socialista Rosa Díez, en base a delitos similares.

Tras conocerse la admisión de esta segunda querella, se supo que Rodrigo Rato pidió comparecer ante el Congreso de los Diputados "lo antes posible" para explicar su gestión al frente de la entidad financiera, según informaron a Efe fuentes próximas al también exdirector gerente del FMI.

Y poco después, el Grupo parlamentario Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara baja, anunció que va a pedir la comparecencia en la Comisión de Economía de 24 cargos y ex altos cargos sobre la reestructuración de Bankia, entre ellos Rato.

También la del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la exvicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda del anterior gobierno socialista, Elena Salgado, y del actual titular de Economía, Luis de Guindos.

BFA-Bankia, cuarto grupo bancario español, fue nacionalizado el pasado mes de mayo después de que pidiera una ayuda pública de 19.000 millones de euros, que se sumaba a una inyección de 4.465 millones de euros recibidos antes.

El grupo, surgido de la fusión de varias cajas de ahorros, es uno de los más expuestos al problemático sector inmobiliario español que se desplomó con el pinchazo de la "burbuja" en 2007.

Las querellas presentadas por UPyD y el 15M no son los únicos procedimientos a los que se enfrenta la entidad financiera, que ya ha recibido otras denuncias, entre ellas, la presentada por la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (Adicae).

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