La reforma laboral marca la agenda reformista del Gobierno en su primer año

Madrid, 18 nov.- La reforma del mercado laboral, que abarata la indemnización por despido y potencia la flexibilidad interna en las empresas, es la primera de las reformas estructurales aplicadas por el Gobierno para lograr una economía más competitiva, a la que han seguido las del sector público o la energética.

En el caso de la laboral, la indemnización por despido improcedente de un indefinido se generaliza en 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.

En el caso de que la empresa esté en pérdidas podrá acogerse al despido por causas objetivas, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado con un tope de una anualidad.

La reforma laboral también permite a las tres administraciones públicas y a las empresas dependientes de ellas utilizar esta fórmula.

Empresas privadas y administraciones tendrán que acumular tres trimestres consecutivos de pérdidas, que habrán de compararse con las del mismo período del año anterior, para justificar el despido por causas económicas.

Para proteger a los mayores de 50 años se ha fijado que, si la empresa tiene beneficios, se haga cargo del coste que supone su jubilación anticipada.

Debido a que, según el Gobierno, el objetivo principal es dotar a las empresas de flexibilidad interna para evitar los despidos se permite al empresario dejar sin aplicación lo pactado si suma dos trimestres de pérdidas consecutivas y se limita a un año la prórroga automática de un convenio expirado (la ultraactividad).

Al mismo tiempo, para que se genere empleo estable y de calidad se crea un nuevo contrato indefinido para las pymes de menos de 50 trabajadores, se concentran las bonificaciones en los colectivos más desprotegidos, y se fomenta la formación y la colaboración entre las empresas privadas de colocación y los servicios públicos de empleo.

La creación de la formación dual (los jóvenes combinarán la teoría con las prácticas remuneradas) completa la reforma laboral.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha reiterado que están contentos con sus efectos, así como con la buena acogida del plan de pago de las administraciones a proveedores (dotado con 27.000 millones) y la mejora de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta los 22.000 millones.

Otra reforma en la que el Ejecutivo ha puesto muchas esperanzas es en la del sector público, con la que se pretende el adelgazamiento de las estructuras administrativas y evitar duplicidades.

La primera medida acordada por la Comisión creada "ad hoc" es reducir en un 15 % el parque móvil del Estado, lo que supondrá un ahorro de 10 millones de euros.

Asimismo, antes de que acabe el año o en los primeros meses de 2013 estarán cerradas unas 22 operaciones de fusión en el sector público, dentro del plan para reducir inicialmente un 20 % de las entidades del Estado.

Para que haya más competitividad, en materia de liberalización del comercio se han eliminado las licencias de apertura de los locales de hasta 300 metros cuadrados y se ha apoyado la salida al exterior de las empresas del sector de la Defensa.

El abultado déficit tarifario eléctrico (que ronda los 24.000 millones y que está en el punto de mira de Bruselas) ha llevado al Gobierno a reformar el sector energético.

Para ello ha aprobado la creación de siete tasas o impuestos, con los que espera recaudar unos 2.700 millones de euros con los que acabar en 2013 con la generación de dicho déficit.

Unos 1.260 millones provendrán del 6 % con el que se gravará cada megavatio de energía que se venda, 804 millones del "céntimo verde" al gas natural, 268 millones por la producción de energía eléctrica con carbón y 38 millones con fueloil y gasóleo.

También habrá dos impuestos nucleares -permitirán ingresar 269,6 millones en tres años- y una tasa a las centrales hidráulicas que gravará el uso de aguas continentales para la generación de energía eléctrica.

El Gobierno de Rajoy también ha potenciado en su agenda reformista el sector del turismo, creando el Plan Nacional e Integral del Turismo (PNIT), que ha dotado con entre 1.600 y 1.800 millones.

La liberalización del transporte ferroviario de viajeros a partir del 31 de julio de 2013, el nuevo marco regulatorio de Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea y el plan para potenciar el mantenimiento de las infraestructuras existentes se integran en el apartado de iniciativas aplicadas para dinamizar el transporte.