España es uno de los cuatro países de la UE que todavía no ha dado los pasos necesarios para crear uno de los instrumentos que deben vigilar el mayor de los problemas crónicos de su economía, la parálisis histórica de su productividad. El último informe de recomendaciones para la economía española de la Comisión Europea reclama la creación en España de un Comité Nacional de Productividad (CNP), encargado de vigilar y promover las reformas estructurales necesarias para sacarle más provecho a todos los recursos productivos del país mediante mejoras en la calidad del empleo, la formación, la financiación, la tecnología o el marco regulatorio.
El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lo explicaba muy bien el pasado mes de mayo ante el Instituto de la Empresa Familiar, al estimar que la Productividad Total de los Factores (PTF) había crecido en España una media del 0,2% anual en las últimas dos décadas, la mitad que la media de la zona euro, de acuerdo con las estimaciones de la propia Comisión Europea. Y eso tiene un coste: “Un cálculo sencillo permite ilustrar que si la PTF española se hubiese comportado como la de la eurozona, la renta por trabajador alcanzaría hoy en España casi el 90% de la media de la zona del euro, frente al 83% que representa en la actualidad”, aseguró.
El informe con las recomendaciones de la Comisión para nuestro país tras el primer semestre de este año, publicado este martes por el Banco de España, reprocha al Gobierno no haber seguido la pauta marcada por el Consejo Europea en 2016 para crear un comité multidisciplinar de vigilancia de este parámetro, que ya tienen prácticamente en marcha 14 socios comunitarios, pero que le falta a España, Austria, Italia, Letonia y Estonia. “El propósito de estas instituciones -dice la Comisión- es aumentar la responsabilidad de las autoridades nacionales en la identificación de reformas estructurales que favorezcan el crecimiento de la productividad y la competitividad, y analizar de forma rigurosa sus ventajas e inconvenientes, así como ayudar en su implementación".
Frente a ello, los datos para el caso español siempre han sido dramáticos: según el Servicio de Estudios del BBVA, la productividad total cayó un 10,5% desde 1995 a 2014, frente a la mejora de un 4,5% en la zona euro. El dato se había recuperado con una subida del 2,7% hasta 2017, pero volvió a caer el año pasado a pesar de la recuperación de la economía y todavía no mejora, dada la mala calidad tradicional del empleo y la falta de inversiones en tecnología e innovación, entre otros factores.
Todos lo han dicho y nadie lo ha hecho
Prácticamente todos los ministros de Economía que han pasado por nuestro país en las cuatro décadas de democracia han advertido que es necesario aprovechar mejor los recursos humanos de que disponemos para "hacer más con menos", es decir, sacarle más jugo al trabajo en beneficio de todas las partes: la empresa, el trabajador y la economía.
El socialista Pedro Solbes siempre marcó la productividad como la clave de bóveda del crecimiento económico y su actual sucesora, Nadia Calviño, lo incluye dentro de los tres ejes de su política económica: estabilidad presupuestaria, que permita reducir el 'stock' de deuda pública y garantizar su sostenibilidad; aumento de la productividad, mediante la inversión en capital humano, innovación y una transición ecológica inteligente; y reducir la brecha salarial de género, ya que una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo se genera mayor crecimiento económico. “Cerrar la brecha de género llevaría consigo un aumento de la productividad -ha advertido Calviño- porque la diversidad genera valor y permite una mejor toma de decisiones en el ámbito económico y empresarial; la mayoría de estimaciones disponibles señalan que el PIB de nuestro país podría elevarse hasta un 15% si se erradicara la brecha de género en el mercado de trabajo”.
Frente a ello, tanto los servicios de estudios de algunas instituciones financieras como los lobbies más liberales han reprochado a Calviño el ataque a la productividad que puede suponer la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interporfesional. A su entender, ese incremento generalizado y sin aplicar factores de mejora de la calidad del empleo, pueden destruir solo este año entre 20.000 y 75.000 puestos de trabajo entre los colectivos menos formados y más vulnerables. Aún lejos de este recorte, los últimos datos sobre empleo trimestral (EPA) y mensual (paro registrado) ya muestran un grave deterioro en la reducción del desempleo.
Calviño aprovechó la última reunión del Consejo de Ministros para defender su gestión y advertir que la creación de empleo todavía crece por encima del PIB (2,6% frente al 2,3%) y, ambas cosas, más que la media europea, aunque eso no haya servido todavía para mejorar la productividad. Lo que ese escenario refleja es un empleo nuevo de baja calidad, con exceso de temporalidad y escasa formación. La receta planteada por el Gobierno en funciones a la Comisión en los planes de reforma que ha enviado a Bruselas pasan por mejorar la calidad de ese empleo (y la productividad) con más inversión en I+D+i de la mano de la digitalización y la transición ecológica, una reforma total de la educación y la eliminación de trabas regulatorias en sectores estratégicos que garanticen la unidad de mercado.
Hasta que eso pueda ser una realidad, el propio Hernández de Cos, en su intervención de mayo, ya advertía que en un contexto de crecimiento potencial limitado, la mejora del bienestar de la economía pasa por incrementar la productividad. Y para ello “entre otros aspectos, existe un margen amplio para acometer reformas que reduzcan la dualidad del mercado laboral, limiten las regulaciones que afectan a la competencia y a la asignación de recursos y eliminen el déficit de capital humano y tecnológico”. No es el Comité Nacional de Productividad que pide la Comisión Europea a España, pero puede ser un buen principio para ponerlo en marcha.
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