Apenas dos semanas después de que las políticas activas de empleo fueran el detonante de la ruptura entre Sánchez y Unidas Podemos para formar gobierno, la Comisión Europea ha vuelto a incidir en la herida y ha sacado a la palestra la renovación total que esas políticas necesitan en nuestro país si queremos que sirvan de verdad para renovar todos los aspectos que garanticen un mercado laboral moderno, de calidad y adaptado a la educación y a las necesidades de las empresas. Esa es una de las cuatro principales recomendaciones que la Comisión hace tras realizar un “examen exhaustivo” del programa de reformas que presentó España el pasado mes de abril, y que no se ha podido poner en marcha todavía de forma completa al no tener gobierno ni Presupuestos.
La segunda de las cuatro recomendaciones de la Comisión, publicadas este martes por el Banco de España, advierte que las políticas activas de empleo deben “favorecer la transición hacia contratos indefinidos simplificando el sistema de incentivos a la contratación, mejorar el apoyo a las familia reduciendo la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo y subsanando las carencias en la cobertura de los regímenes autonómicos de renta mínima”. Junto a esos aspectos, las advertencias de la UE amplían el margen de este tipo de iniciativas y reclaman en España más programas que sirvan para “reducir el abandono escolar prematuro teniendo en cuenta las disparidades regionales e incrementando la cooperación entre los sectores educativo y empresarial”.
Como viene siendo habitual en los últimos informes de la Comisión sobre España, el principal reproche que recibe nuestro país es que no ha sabido aprovechar las tasas de crecimiento superiores a la media europea que viene registrando para reducir el déficit fiscal y rebajar la elevada tasa de endeudamiento. Todo ello pese a los seis ejes de mejora que el presidente ha explicado y que contiene el plan de reformas presentado ante las autoridades europeas, basado en la digitalización de la economía y la transición ecológica.
A juicio de las autoridades comunitarias, el déficit español necesita una reducción media anual del 0,65% del PIB para rebajar el impacto de la deuda y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, ahora en entredicho. Eso solo se conseguirá si se llevan a cabo, ademas, las subidas de impuestos que el Gobierno en funciones tiene planteadas y/o se logra mejorar los modelos de contratación e inversión pública para que sean más eficientes.
Más dinero para innovación
Además del tremendo esfuerzo que se ha hecho en España en materia de infraestructuras en la última década, la tercera recomendación comunitarias pone el foco en diversificar mejor esas partidas e impulsar la inversión destinada a la innovación, la eficiencia energética y las redes ferroviarias para el transporte de mercancías, además de ampliar las interconexiones energéticas.
Por último, la cuarta recomendación se centra en el sector de los servicios, ampliamente desarrollado en nuestro país pero que necesita avanzar en la aplicación de una Ley de Garantía de Unidad de Mercado para que las normas no se dispersen y se compliquen en las distintas comunidades autónomas y sirvan para el fin que han sido creadas: dar seguridad jurídica, estabilidad al mercado y mejores servicios a los ciudadanos.
El informe de recomendaciones de la Comisión advierte además que a partir del semestre europeo de 2019, que terminó el pasado 9 de julio, este tipo de análisis que se hace sobre los planes económicos de cada socios comunitario servirán también de base analítica para el reparto de los fondos de la política de cohesión de la UE en 2021-2027. En particular, la CE propone que en España la inversión vaya destinada a fomentar la innovación, mejorar la gestión de los recursos naturales para garantizar un modelo de desarrollo más sostenible, promover las cualificaciones y la empleabilidad, impulsar las infraestructuras y elevar la calidad del empleo y la inclusión social.
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