El Gobierno reparte las últimas políticas activas de empleo... que quería Podemos

El Gobierno en funciones ha repartido este viernes las últimas políticas activas de empleo, gestión que reclamó el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en su última propuesta durante el fallido intento de investidura de Pedro Sánchez. El líder morado aseguró que estaba dispuesto a renunciar a la gestión del Ministerio de Trabajo si Sánchez le cedía las competencias para dirigir estas políticas, que son la principal herramienta de gestión que dispone el Gobierno para abordar el paro e intervenir en el mercado laboral. En declaraciones ante los medios, Isabel Celaá ha anunciado las últimas decisiones que ha tomado el Gobierno para abordar el paro y mejorar la economía del país.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno ha desvelado que en el Consejo de Ministros se ha aprobado el reparto de fondos de políticas activas de empleo entre las comunidades autónomas. Un total de 297 millones de euros que se sumarán a los 2.020 millones ya distribuidos durante la primavera para crear "trabajo de calidad". Se trata de uno de los objetivos prioritarios del Gobierno para mejorar las cifras presentadas hoy por los Servicios Públicos de Empleo.

Ante los resultados económicos publicados hoy, que vienen a incidir en la desaceleración en la economía, la ministra Nadia Calviño, ha defendido su gestión y ha declarado que es hora de abordar con "dinamismo" los retos del mercado laboral.  A esto añadió que hay que pasar de la "complacencia" a la "prudencia" en las acciones futuras del Gobierno al tiempo que alerto de que la inestable situación política puede terminar pasando factura en el paro y en la economía. En este sentido, defendió que las cifras, a pesar de todo, son positivas pero que las reformas son necesarias para mejorar la situación actual.

Estas políticas abarcan desde los planes anuales de formación, de inserción laboral, pasando por los estímulos a las empresas para propiciar la contratación de colectivos con especiales dificultades de integración, hasta la promoción de la contratación indefinida. "Le hago una última oferta: renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país", arreció Iglesias para desbloquear la investidura. 

Pero, ¿por qué las políticas activas de empleo? Probablemente porque constituyen el principal ariete del que dispone el Gobierno para abordar el que según todas las encuestas constituye el principal problema social del país: el paro. La parte del león del presupuesto del Ministerio de Trabajo va a pagar las prestaciones de los desempleados, pero el margen de gestión en ese campo no sólo es mínimo, sino peliagudo: cualquier cambio en las prestaciones suele ser objeto de animado debate.

En realidad, la principal herramienta de gestión de la que dispone el Gobierno para intervenir en el mercado laboral son las políticas activas de empleo. En total, cerca de 6.000 millones de euros, según los 'nonatos' Presupuestos Generales del Estado para 2019, que se distribuyen de este modo: 2.523 millones para programas de formación para el empleo, 1.885 millones de euros para bonificaciones para promover la contratación y 1.562 millones de euros para programas de inserción laboral.

El 'caramelo' tiene un asterisco que se puede ver como algo positivo o negativo según se mire: casi la mitad de todos esos recursos (alrededor del 41%) son de gestión autonómica y a Trabajo le corresponde la tarea -en muchas ocasiones conflictiva- de acordar los criterios de reparto de esos recursos entre todas las comunidades autónomas lo que, en efecto, encierra una importante cuota de poder, pero también genera no pocas fricciones y problemas 'diplomáticos'.