Las autonomías se quedarán una recaudación de 1.600 millones por Patrimonio

Madrid, 18 dic.- Las autonomías se quedarán con la recaudación del impuesto de Patrimonio en 2012 (casi 600 millones en total) y 2013 (1.082 millones), la mitad en Cataluña, sin tener que devolver nada al Estado pese a las compensaciones previas recibidas, de unos 2.100 millones por ejercicio.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado hoy ha servido para aprobar -con la única oposición de la Comunidad de Madrid, que no tiene este impuesto- que las regiones no tengan que devolver al Estado esta recaudación, lo que se añade a las compensaciones.

De este modo, en 2014 no tendrán que devolverse 598,22 millones de euros correspondientes a la liquidación de 2012, ni en 2015 los 1.082 de la liquidación de 2013.

Desde que el anterior Gobierno eliminó este gravamen en 2009 las CCAA han recibido como compensación aproximadamente 2.100 millones de euros al año, una estimación optimista de lo que se recaudaría.

Así, el año que viene, cuando se liquide 2012, las comunidades tendrán a su favor tanto compensación como recaudación, y por estas dos vías habrán obtenido 2.700 millones (600 más 2.100).

En 2012 algunas comunidades volvieron a implementar el impuesto eliminado, todas menos Madrid, Valencia y Baleares, aunque finalmente las dos últimas lo hicieron en 2013.

Se trata de una medida "provisional", ha explicado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a la espera de que se apruebe en la próxima primavera un nuevo sistema de financiación autonómica.

El hecho de que la mitad de la cantidad que no habrá de devolverse corresponda a Cataluña no tiene nada que ver con ningún tipo de debate soberanista, que en todo caso ni siquiera ha salido hoy a colación, ha dicho Montoro.

La razón es que Cataluña tiene una mayor base imponible, y además ha subido los tipos aplicables, ha recalcado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, la única que se ha negado a reinstaurar el impuesto que eliminó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Montoro ha explicado que se está dando una "salida" y la solución que entienden como "más coherente" y "práctica", y es que la comunidad que ha puesto el impuesto se quede con su recaudación.

No se trata, por tanto, de un reparto de cuotas.

La Comunidad de Madrid proponía que los 600 millones de euros que va a dejar de percibir el Estado en 2014 por la recaudación de 2012 se repartiesen de manera justa entre las autonomía.

Como no se ha tenido en consideración esta idea han votado en contra de la propuesta del Gobierno central.

Montoro, ha asegurado además que la "intención" y la "voluntad" del Gobierno es que las CCAA cumplan con sus objetivos de déficit en 2013, lo que permitirá que se cierre el ejercicio en el 6,5 % global.

El ministro ha asegurado que el Consejo de hoy ha puesto de manifiesto que es "factible" la coordinación de la política fiscal en España, como también muestra que el gasto público haya bajado en 2012 33.000 millones de euros, "la mayor reducción de gasto público de la historia de la hacienda española, de los que casi 17.000 corresponde a las CCAA.

El Consejo también ha acordado que el impuesto de los depósitos bancarios se traslade a las comunidades autónomas y ello se hará en el marco de la próxima la reforma tributaria.

Montoro ha explicado que será un impuesto de "naturaleza y base estatal" pero las autonomías tendrán capacidad normativa "y a ellas irá dirigida esa recaudación".

El ministro también ha dicho poder "garantizar" que este impuesto no romperá el mercado interior bancario.

Además, el Consejo de Política Fiscal ha aprobado la creación de un grupo de trabajo para valorar el actual sistema de financiación, evaluación que se hará "con el año 2013 vencido" para luego incorporarlo al nuevo sistema que se acometerá a partir de la primavera próxima.

Hacienda también ha llevado al Consejo un informe sobre el ahorro que ha supuesto la supresión de entes autonómicos y otras medidas de racionalización en el período 2011-2013.

Beteta, ha cifrado en 4.083 millones de euros el ahorro estimado por la supresión de 607 entes públicos, un 11 % más del previsto.

También ha informado de que se han suprimido el 42 % del total de los consorcios, el 38 % de las sociedades mercantiles y el 24 % de fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro.